La Corte Suprema de Estados Unidos redefinió ayer el alcance del poder presidencial al emitir dos fallos que, en términos generales, fortalecen la autoridad de Donald Trump para remover altos funcionarios del gobierno federal, aunque establecieron un límite clave: la independencia de la Reserva Federal (Fed), el banco central estadounidense.
En una ajustada votación de cinco jueces contra cuatro, el máximo tribunal resolvió que Trump no podía destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, al considerar que no respetó las garantías procesales previstas por la ley. La decisión constituye un freno a los intentos del mandatario de influir sobre la política monetaria del país, en medio de una sostenida presión para que el organismo reduzca las tasas de interés.
EL DESPIDO QUE NO FUE
Trump había ordenado el despido de Cook el pasado agosto, acusándola de haber cometido un presunto fraude al solicitar un crédito hipotecario. Según la denuncia, la funcionaria habría declarado dos residencias principales, una en Michigan y otra en Georgia. La gobernadora rechazó las acusaciones y sostuvo que todo respondió a un error administrativo. Además, argumentó que nunca existió una “causa justificada”, requisito que la legislación exige para remover a un miembro de la Junta de la Reserva Federal.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, subrayó que aceptar la postura de la Casa Blanca habría eliminado, en los hechos, la protección legal que garantiza la independencia de la Fed. Afirmó que ello habría transformado el cargo de sus gobernadores en un puesto de libre remoción, contradiciendo tanto la legislación aprobada por el Congreso como la tradición estadounidense de mantener al banco central alejado de presiones políticas.
Tras conocerse el fallo, Cook celebró la decisión y sostuvo que reafirma un principio fundamental para la estabilidad económica del país. En un comunicado afirmó que su destitución había sido “un intento” de apartarla mediante “un pretexto fabricado”, luego de negarse a ceder a presiones políticas sobre las tasas de interés. Según explicó, la resolución confirma que la Reserva Federal debe adoptar todas sus decisiones basándose exclusivamente en la evidencia económica y en un juicio independiente, sin interferencias del poder político.
Trump, lejos de dar por terminado el conflicto, minimizó el revés judicial. En su red Truth Social aseguró que el caso fue devuelto únicamente por cuestiones de procedimiento y advirtió que tomará “medidas inmediatas y apropiadas” para impedir que una persona que, según él, cometió irregularidades participe en decisiones que afectan el bienestar económico de Estados Unidos.
Si bien perdió esa batalla, el mandatario obtuvo una victoria significativa en otro expediente. Por seis votos contra tres, la Corte Suprema determinó que el presidente sí tiene autoridad para destituir a Rebecca Slaughter, integrante demócrata de la Comisión Federal de Comercio (FTC), organismo independiente encargado de velar por la competencia económica.
La mayoría de los magistrados sostuvo que los funcionarios que ejercen facultades delegadas por el presidente permanecen subordinados a su autoridad y, por lo tanto, pueden ser removidos. La jueza progresista Sonia Sotomayor advirtió en su voto en disidencia que esa interpretación podría generar un profundo “caos” administrativo al debilitar la autonomía de numerosas agencias federales.
Trump celebró especialmente esta decisión, al considerar que pone fin a una discusión jurídica que distintos presidentes mantenían desde la década de 1930 sobre el alcance de sus facultades para controlar organismos independientes.
No obstante, la jornada también dejó otro revés para el mandatario. En un caso relacionado con el voto por correo, la Corte rechazó el intento republicano de invalidar una ley de Misisipi que permite contar las boletas enviadas por correo si tienen matasellos del día de la elección y llegan hasta cinco días hábiles después.
En ese expediente, dos jueces conservadores -John Roberts y Amy Coney Barrett, nombrada por el propio Trump- se unieron a los magistrados progresistas para conformar la mayoría. Barrett sostuvo que la legislación federal regula cuándo deben emitirse las boletas, mientras que corresponde a cada estado establecer los plazos para recibirlas.
SUSCRIBITE a esta promo especial