Meta Platforms sufrió uno de los reveses judiciales más importantes de su historia luego de que un juez del estado de Nuevo México, en Estados Unidos, ordenara que la compañía pague un total de 942 millones de dólares por los daños ocasionados a niños y adolescentes a través de sus plataformas.
La resolución obliga a la empresa dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp a crear un fondo de compensación de US$ 567 millones destinado a programas de salud mental y prevención para menores, monto que se suma a los US$ 375 millones en sanciones civiles que un jurado ya había impuesto meses atrás.
Además de la fuerte condena económica, la Justicia estadounidense dispuso una serie de medidas obligatorias para reforzar la seguridad de los menores que utilizan las redes sociales de Meta, en un fallo que podría marcar un precedente para futuras demandas contra las grandes empresas tecnológicas. La compañía rechazó la decisión judicial, aseguró que no comparte las conclusiones del tribunal y confirmó que presentará una apelación para intentar revertir tanto las sanciones económicas como las nuevas obligaciones impuestas.
La sentencia va mucho más allá del aspecto económico. El juez estatal Bryan Biedscheid ordenó que Meta aplique cambios concretos en el funcionamiento de Facebook e Instagram para los usuarios menores de edad residentes en Nuevo México.
Entre las principales medidas figura la limitación del tiempo que los adolescentes pueden permanecer en las aplicaciones, además de ocultar por defecto la cantidad de “Me gusta” que reciben sus publicaciones y advertir explícitamente sobre los riesgos asociados al uso de las plataformas.
El fallo también establece que las cuentas de adolescentes deberán configurarse automáticamente como privadas y que la empresa tendrá que eliminar las cuentas y toda la información personal perteneciente a usuarios menores de 13 años.
Asimismo, Meta deberá desactivar las notificaciones “push” durante el horario escolar y durante la noche para los menores de 18 años, además de impedir que adolescentes de Nuevo México mantengan interacciones románticas o sexualizadas con los chatbots de inteligencia artificial desarrollados por la empresa.
La Justicia comparó a Meta con una fábrica contaminante
El juez Bryan Biedscheid justificó la creación del fondo de US$ 567 millones al considerar que los perjuicios provocados por las plataformas tuvieron un alcance social amplio y requieren una respuesta de gran magnitud para reparar sus consecuencias.
Durante la resolución utilizó una comparación contundente: sostuvo que, del mismo modo que una fábrica puede contaminar el aire y afectar a toda una comunidad, los efectos negativos de las plataformas digitales trascienden internet y terminan impactando en la vida cotidiana de los niños, sus familias, las escuelas, los hospitales y hasta las fuerzas de seguridad.
La segunda etapa del juicio buscaba determinar si las aplicaciones de Meta constituían una “alteración del orden público” o una “molestia pública”, una figura jurídica utilizada cuando una actividad genera perjuicios colectivos que exceden a las víctimas individuales.
El fondo aprobado por la Justicia financiará durante cinco años programas de salud mental y prevención dirigidos a jóvenes afectados por el uso problemático de las redes sociales.
La demanda que inició el caso contra Meta
La causa fue impulsada en 2023 por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, quien acusó a Meta de haber creado un entorno que facilitaba el acceso de menores a contenido sexualmente explícito y permitía que depredadores infantiles contactaran con usuarios jóvenes mediante Facebook e Instagram. En marzo de este año, un jurado ya había determinado que la compañía incurrió deliberadamente en prácticas comerciales injustas, engañosas y abusivas, además de incumplir con las leyes estatales de protección al consumidor.
Meta negó esas acusaciones desde el inicio del proceso y reiteró que mantiene un sólido historial de protección para adolescentes, aunque sostuvo que las conclusiones del tribunal tergiversan los hechos y por eso apelará la sentencia.
El caso de Nuevo México es considerado el primero en poner verdaderamente a prueba hasta qué punto una empresa de redes sociales puede ser considerada legalmente responsable por los daños derivados del contenido y del diseño de sus plataformas.
La derrota judicial llega en un momento especialmente delicado para Meta, que enfrenta miles de demandas promovidas por fiscales generales de distintos estados, distritos escolares y particulares que sostienen que la empresa priorizó el crecimiento de sus plataformas por encima de la seguridad de los menores.
El próximo gran juicio comenzará la próxima semana en Oakland, California, donde cuatro fiscales generales estatales reclamarán indemnizaciones que, según documentos judiciales presentados por la propia compañía, superarían un billón de dólares en daños y perjuicios.
A principios de este año, otro jurado en Los Ángeles también declaró responsables a Meta y YouTube en una causa iniciada por una joven que aseguró haber sufrido graves problemas de salud mental debido al uso excesivo de las plataformas.
En ese contexto, Meta informó recientemente que solo durante el segundo trimestre del año los distintos litigios judiciales ya le representaron un costo de US$ 2.400 millones, una cifra que podría seguir aumentando si prosperan las demandas que aún continúan en curso.
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