Keiko Fujimori asumió ayer la presidencia de Perú para un mandato de cinco años con la promesa de devolver la estabilidad política al país y enfrentar el avance del crimen organizado, dos de los principales desafíos que marcarán el inicio de su gestión. La dirigente conservadora juró el cargo ante el Congreso y se comprometió a defender la democracia, la soberanía nacional, la independencia de poderes y el cumplimiento de la Constitución.
A sus 51 años, Fujimori llega al poder tras imponerse por un estrecho margen en el balotaje frente al progresista Roberto Sánchez, luego de tres intentos fallidos por alcanzar la presidencia. Su llegada pone fin a una década marcada por una fuerte inestabilidad institucional, período en el que Perú tuvo ocho presidentes.
Aunque recibirá una economía con indicadores sólidos, impulsada por las exportaciones mineras, la principal preocupación de su gobierno será la inseguridad. Las denuncias por extorsión crecieron de 2.421 en 2019 a 26.734 en 2025, mientras que cientos de pequeños comerciantes y transportistas sufren amenazas de bandas criminales.
Durante la campaña, Fujimori prometió combatir el delito con una política de “mano dura”, inspirada en el modelo aplicado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Entre sus propuestas figuran la construcción de una megacárcel para integrantes de organizaciones criminales y el fortalecimiento de las herramientas judiciales contra el crimen.
Sin embargo, la nueva mandataria también afronta un escenario político complejo. Sectores de la oposición y familiares de víctimas de la represión durante las protestas de 2022 y 2023 cuestionaron su llegada al poder.
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