Cuba comenzó a convertir en normas concretas la histórica apertura económica anunciada en junio, con un paquete de medidas que busca atraer inversiones, reducir trabas para las empresas y dar mayor espacio al sector privado en una economía golpeada por una profunda crisis.
Entre los cambios más relevantes figura el fin de la obligación de que las compañías extranjeras contraten trabajadores cubanos a través de agencias estatales. A partir de ahora, podrán seleccionar y contratar directamente a su personal, tanto las empresas mixtas como aquellas cuyo capital sea íntegramente extranjero. También podrán otorgar bonificaciones o gratificaciones en moneda extranjera.
Las nuevas disposiciones, publicadas en la Gaceta Oficial, forman parte de las 176 transformaciones económicas y sociales anunciadas el 12 de junio por el presidente Miguel Díaz-Canel y aprobadas poco después por la Asamblea Nacional y el Partido Comunista.
GIRO SIGNIFICATIVO
El paquete representa un giro significativo respecto del modelo de fuerte centralización que marcó durante décadas la actividad económica de la isla. No supone, según las autoridades, un abandono del sistema socialista, pero sí una ampliación del rol que pueden desempeñar las empresas privadas, los inversores extranjeros y otras formas de gestión no estatal.
Uno de los objetivos centrales es hacer más sencilla la llegada y operatividad del capital extranjero. Las nuevas reglas eliminan autorizaciones que hasta ahora dificultaban algunas operaciones y permiten a las compañías manejar cuentas bancarias en el exterior sin pedir previamente permiso al Banco Central de Cuba, aunque deberán comunicar esas operaciones a las autoridades correspondientes. También se flexibiliza la asociación entre empresas extranjeras y compañías privadas cubanas, una posibilidad que hasta hace poco estaba mucho más limitada.
COMERCIO EXTERIOR, SECTOR INMOB ILIARIO Y TURISMO
El comercio exterior es otro de los terrenos donde se produce un cambio importante. Las empresas privadas y las cooperativas podrán realizar directamente actividades de importación y exportación, previa autorización del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, sin depender necesariamente de una entidad estatal intermediaria. La intención declarada es reducir trámites y demoras y permitir que los negocios respondan con mayor rapidez a sus necesidades de abastecimiento y venta en otros mercados.
El paquete también abre nuevas posibilidades para el uso económico de terrenos. Se flexibilizan los derechos de superficie y usufructo, con plazos que pueden llegar hasta 99 años para determinados proyectos de inversión extranjera. La medida apunta especialmente a facilitar proyectos inmobiliarios e industriales de largo plazo, sin que eso implique transferir la propiedad del suelo. Además, se permite la participación de capital extranjero en actividades inmobiliarias y se habilita el desarrollo de proyectos en La Habana Vieja y otras zonas patrimoniales.
El turismo, una de las principales fuentes de ingresos externos de Cuba, también queda alcanzado por la apertura. Las nuevas normas permiten avanzar en actividades que durante años estuvieron reservadas prácticamente al Estado, como la gestión de transporte turístico, la instalación de agencias de viajes y el trabajo de guías. El objetivo es ampliar la oferta y captar nuevos negocios en un sector que atraviesa uno de sus peores momentos recientes.
La situación que enfrenta la economía cubana ayuda a explicar la velocidad de estos cambios. La isla arrastra desde hace años escasez de alimentos, medicamentos y otros bienes básicos, además de una crisis energética que se traduce en apagones que en algunas zonas han superado las 30 horas. A ese escenario se sumó desde enero la política de máxima presión de Washington, que incluyó un bloqueo de los suministros de petróleo y nuevas sanciones contra funcionarios y entidades cubanas. El Gobierno sostiene que estas medidas externas han agravado una situación que ya era crítica.
La presión también alcanza a los inversores extranjeros. El viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, reconoció que el país atraviesa un “contexto adverso” y denunció la persecución y las amenazas contra compañías que operan en la isla. Algunas empresas internacionales han reducido sus actividades o abandonado Cuba, aunque las autoridades no han precisado cuántas. Entre las compañías extranjeras con presencia histórica afectadas por el escenario figuran la hotelera española Meliá y la canadiense Sherritt.
El Gobierno busca que las nuevas reglas compensen parte de esas dificultades y hagan más atractivo el mercado cubano. En julio las autoridades ampliaron el espacio para empresas privadas en actividades antes reservadas al Estado hasta hoy.
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