La invasión de Rusia a Ucrania abrió un inesperado capítulo en los tribunales argentinos. La Justicia federal investiga el funcionamiento de una presunta red que reclutaba ciudadanos argentinos para incorporarlos, principalmente, al ejército ucraniano mediante ofertas laborales difundidas por redes sociales.
Aunque en los expedientes también aparecen algunos casos vinculados a personas que viajaron para combatir del lado ruso, la gran mayoría de las denuncias corresponden a reclutamientos destinados a las fuerzas de Ucrania.
La principal incógnita para los investigadores es determinar si quienes viajaron actuaron plenamente por voluntad propia o si fueron captados mediante engaños que podrían configurar delitos relacionados con la trata y explotación de personas.
Una investigación que tomó impulso este año
Las primeras denuncias comenzaron a registrarse durante 2025, pero el fenómeno adquirió mayor dimensión a principios de 2026. Actualmente existen alrededor de una decena de expedientes, la mayoría tramitados en la Justicia federal de Lomas de Zamora, cuya jurisdicción comprende el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Las causas son impulsadas por los fiscales Sergio Mola y Cecilia Incardona junto con la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas (Protex). El caso, además, motivó una alerta de Interpol.
Entre los reclutados aparecen perfiles muy distintos: un joven de 18 años cuya madre denunció el caso ante la línea 145, un bombero rosarino, un integrante del Grupo Halcón y otras personas que buscaban mejorar su situación económica o colaborar con Ucrania.
Las promesas comenzaban en las redes sociales
Las ofertas aparecían principalmente en TikTok y Facebook. Allí se promocionaban puestos como cocinero, personal de mantenimiento, tareas logísticas o asistencia humanitaria dentro de bases militares ucranianas.
Los avisos prometían salarios de entre 2.700 y 3.000 dólares mensuales, seguro de vida, alojamiento, equipamiento y pasajes financiados por los organizadores. Tras el primer contacto, las conversaciones continuaban por WhatsApp y, en muchos casos, pasaban a la aplicación Signal.
Los investigadores también detectaron un patrón repetido en los viajes: grupos de diez o más personas partían desde Ezeiza en vuelos de Turkish Airlines, hacían escala en Estambul y llegaban a Moldavia. Desde allí eran trasladados por vía terrestre hacia distintas ciudades de Ucrania, como Kharkiv o Dnipro.
Del trabajo prometido al frente de batalla
Los testimonios incorporados a la causa coinciden en que la realidad era muy distinta de la que les habían descripto antes de viajar.
Varios denunciantes afirmaron que, apenas llegaron a destino, les retuvieron el pasaporte, les tomaron fotografías y huellas dactilares y les entregaron uniforme militar, chaleco antibalas y armamento.
Uno de los argentinos declaró que había aceptado viajar para trabajar como cocinero en una base militar, pero terminó en una unidad de combate.
“Cuando llegué me dieron ropa militar, un chaleco antibalas y un fusil. Me dijeron que debía aprender a usar armas por mi propia seguridad”, relató.
Según su declaración, durante un enfrentamiento recibió el impacto de un proyectil sobre el chaleco y su superior le ordenó responder al ataque.
“El comandante me dijo que empezara a disparar y él sabía que yo no tenía preparación”, afirmó ante la Justicia.
Otros aseguraron que quienes rechazaban participar en acciones militares eran enviados a realizar tareas de mantenimiento en edificios abandonados.
La documentación quedaba retenida
Uno de los elementos que más preocupa a los investigadores es la retención de los pasaportes.
Los denunciantes señalaron que la documentación quedaba bajo control de los organizadores o de personal militar apenas llegaban a destino, lo que dificultaba cualquier intento de abandonar el lugar.
Además, quienes querían regresar debían devolver el dinero invertido en los pasajes o afrontar por su cuenta el costo del viaje de regreso, una condición que muchos no podían cumplir. Para los fiscales, ese mecanismo presenta similitudes con modalidades utilizadas por organizaciones dedicadas a la trata de personas.
Las causas muestran situaciones muy diferentes entre sí. Algunos argentinos reconocieron que sabían que se incorporarían a una fuerza militar, mientras que otros sostienen que fueron engañados con falsas ofertas de empleo o ayuda humanitaria.
Entre los testimonios también aparece el relato de una madre que contó que un conocido de su hijo viajó a Rusia tras recibir una propuesta similar y murió durante un ataque con un misil o un dron.
Con todos esos elementos, la Justicia busca establecer si existieron maniobras de captación ilegales o si, por el contrario, los reclutados aceptaron voluntariamente incorporarse al conflicto. La investigación continúa y, por el momento, no existe un criterio judicial unificado sobre el encuadre de estos casos.
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