La Fiscalía de Bolivia ordenó la detención del expresidente Evo Morales por presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado y otros cargos ligados a los bloqueos que paralizaron el país durante 53 días, en una causa que profundiza la crisis política boliviana.
La orden de aprehensión fue emitida por el fiscal anticorrupción Brayan Melgar y dispone que la Policía detenga a Morales y lo traslade a una unidad especializada de lucha contra la corrupción. La investigación surgió por denuncias presentadas por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno.
Morales es acusado de seis delitos, entre ellos terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad del Estado, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
La causa se vincula a las protestas de mayo y junio, cuando sectores campesinos, miembros de la Central Obrera Boliviana (COB) y grupos afines al exmandatario instalaron más de 100 puntos de bloqueo, principalmente en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Las movilizaciones provocaron escasez de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal.
El conflicto dejó al menos 22 muertos y 88 heridos, mientras que las pérdidas económicas superaron los 3.000 millones de dólares por el impacto sobre la producción y el transporte de mercancías. Morales rechazó las acusaciones y afirmó que buscan responsabilizarlo por una crisis social provocada por el deterioro económico del país.
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