La Justicia federal avanzó con las primeras diligencias tras la presentación de querellas que involucran al Presidente de la Nación y a integrantes del Gabinete por el itinerario del legislador del país vecino. En ese marco, la magistrada María Eugenia Capuchetti hizo lugar a las peticiones planteadas por la fiscal Paloma Ochoa con el objetivo de reunir elementos preliminares antes de determinar la apertura del expediente.
Entre las disposiciones principales destaca la orden de resguardo de los registros audiovisuales de las cámaras de seguridad instaladas en la estación aérea de Puerto Iguazú, correspondientes a los días 27 y 28 de octubre.
De forma paralela, el juzgado envió notificaciones oficiales para constatar si las autoridades locales registraron avisos o alertas internacionales procedentes de los tribunales de Brasil en relación con la situación del dirigente político.
Asimismo, la Dirección Nacional de Migraciones deberá remitir un informe pormenorizado sobre los procedimientos de inspección aplicados a la aeronave de la firma Baires Fly y a la totalidad de los ocupantes que abordaron la nave rumbo a la ciudad de Miami, grupo integrado por el senador, su esposa y sus dos hijas.
El origen de la causa responde a la acusación formulada por Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, quien atribuyó a la comitiva estatal las figuras de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales.
Según la presentación en los tribunales de Comodoro Py, el parlamentario norteño concretó su ingreso por vía terrestre desde la provincia de Misiones para luego despegar a las 23:30 del 27 de octubre en un vuelo privado. La presentación sostiene que el Ejecutivo nacional no podía omitir la prohibición de salida que pesaba sobre el dirigente por decisión del juez del Supremo Tribunal Federal brasileño, Alexandre de Moraes, tras la contienda electoral ganada por Luiz Inácio Lula da Silva.
A la par del trámite iniciado en la Capital Federal, la fiscalía con jurisdicción en Puerto Iguazú dio curso a actuaciones similares motivadas por un planteo paralelo que introdujo la diputada nacional Marcela Pagano. Ambas pesquisas procuran esclarecer si existieron facilidades al margen de la ley o la omisión deliberada de tratados de cooperación judicial para viabilizar el traslado internacional del dirigente.
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