El acuerdo petrolero anunciado por Donald Trump para dar a Estados Unidos acceso a una parte de las enormes reservas de Venezuela aparece como un giro histórico en la relación entre ambos países. El presidente estadounidense lo presentó como “el mayor acuerdo petrolero en la historia del mundo”, pero el texto completo del pacto todavía no fue divulgado y varios de sus puntos centrales siguen sin estar claros.
Uno de los datos más llamativos es su duración. Según la información difundida sobre el acuerdo, una nueva empresa privada, formada por el gobierno estadounidense y un operador venezolano todavía no identificado, recibió derechos sobre vastos yacimientos petroleros sin explotar por 100 años. Sin embargo, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, aseguró que el acuerdo bilateral tendrá una vigencia de 25 años. La diferencia no fue explicada públicamente, por lo que todavía no está claro cómo se relacionan la concesión de largo plazo y el convenio entre los dos gobiernos.
ALGUNOS PUNTOS CLAVE
Lo que sí se conoce es que el proyecto contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos con un potencial probado de unos 65.000 millones de barriles. Rodríguez fijó como objetivo una producción superior a 1,5 millones de barriles diarios. Además, el plan incluye ocho nuevos bloques petroleros, conocidos como “greenfields”, en la Faja del Orinoco.
El reparto es otro punto clave. Trump aseguró que Estados Unidos tendrá el 55% de la producción efectiva de la nueva compañía. Esa participación incluiría acciones en la empresa y derechos para comprar petróleo a precio de costo.
Un funcionario estadounidense señaló que el crudo adquirido por Washington será destinado a las reservas estratégicas de Estados Unidos y al abastecimiento de sus fuerzas armadas.
Para Venezuela, el acuerdo promete ingresos millonarios. Rodríguez calculó que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, el proyecto generaría unos 209.335 millones de dólares para las arcas públicas. Según sus cálculos, cerca de 19 dólares de cada barril vendido ingresarían directamente al país. El esquema contempla además regalías mínimas del 16% y un impuesto sobre la renta del 34%.
Caracas sostiene que, más allá del peso de Estados Unidos en el proyecto, el petróleo seguirá siendo venezolano. “Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos”, remarcó Rodríguez. La mandataria dijo que Washington aportará capital, tecnología y capacidad operativa para recuperar una industria golpeada durante años por la falta de inversiones, el deterioro de la infraestructura y las sanciones.
Pero hay una pregunta decisiva: ¿quién pagará la reconstrucción de la industria? El acuerdo no aclara cuánto dinero será necesario ni quién asumirá la mayor parte de las inversiones. Los expertos advierten que recuperar la capacidad petrolera venezolana demandará años y miles de millones de dólares.
Por eso, aunque Trump espera que el nuevo flujo de petróleo ayude a bajar el precio de los combustibles en Estados Unidos, los especialistas descartan un efecto inmediato. Llevará tiempo poner en funcionamiento los campos, reparar instalaciones y aumentar de manera significativa la extracción.
El pacto abrió además una fuerte discusión dentro de Venezuela. Sus defensores lo presentan como una oportunidad para recuperar la industria y generar ingresos, mientras sus críticos consideran que representa una cesión excesiva a Washington.
En Estados Unidos tampoco existe consenso. Republicanos aliados de Trump lo calificaron como una victoria económica y estratégica. Los demócratas, en cambio, cuestionaron que Washington obtenga una posición privilegiada sobre el petróleo venezolano. Así, el acuerdo abre una nueva etapa energética entre Washington y Caracas, con un alcance que puede redefinir el sector petrolero.
La duración real de sus distintos componentes, la identidad del operador privado, el reparto exacto del 55% estadounidense, el costo de las inversiones y el papel del Congreso siguen pendientes. Hasta que esos detalles sean conocidos, el gigantesco potencial petrolero de Venezuela seguirá siendo, al menos en parte, una promesa sobre el papel.
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