El triunfo de ayer de Flávio Bolsonaro sobre Lula en las elecciones presidenciales de Brasil, que en rigor se definirán en la segunda vuelta que se realizará el próximo 25 de octubre, marcó una victoria parcial de la derecha. Pero además registra una particularidad que la une con otro país de la Región en la que también este año hubo comicios generales en los que se terminó imponiendo la candidata conservadora. Es el caso de Perú, con Keiko Fujimori.
Pero además, ambos son hijos de ex mandatarios que fueron condenados por distintos tipos de delitos y está preso, en el caso de Jair Bolsonaro, o lo estuvo durante mucho tiempo hasta que falleció en 2024, como el de la presidenta peruana.
Fávio es el hijo mayor Jair Bolsonaro, ex militar de derecha condenado a 27 años por planificar un golpe de Estado tras perder las elecciones en 2022 en las que buscó la reelección. Asumió la tarea de tratar de desbancar al líder del Partido de los Trabajadores.
Nacido en 1981 y abogado de profesión, Flávio fue elegido diputado estatal de Río de Janeiro con apenas 21 años, mucho antes de que el ascenso de su padre convirtiera el apellido familiar en una de las marcas políticas más poderosas de Brasil.
Cumplió cuatro mandatos antes de llegar al Senado en 2018, en las mismas elecciones en las que su padre ganó la Presidencia.
Construyó su carrera política en Río de Janeiro concentrándose principalmente en políticas de seguridad pública de línea dura y en la defensa de policías y otras fuerzas de seguridad.
Flávio es percibido como un Bolsonaro más moderado y conciliador, aunque también heredó la estructura que construyó su padre como presidente. “Durante las distintas crisis del Gobierno de Jair Bolsonaro, Flávio aparecía como el miembro de la familia con cierta disposición al diálogo”, dijo Octávio Amorim Neto, politólogo y profesor de la Fundación Getulio Vargas, según CNN.
Durante los repetidos enfrentamientos de su padre con el Congreso y el Supremo Tribunal Federal, Flávio cultivó relaciones con legisladores y actuó como un puente informal entre su padre y el Senado. “Flávio tiene más tacto que su padre”, dijo Gilson Machado, exministro de Turismo de Jair Bolsonaro, quien conoce al expresidente desde la década de 1990 y a Flávio desde hace más de una década. “Escucha más”, aseguran.
Durante su campaña colocó la seguridad en primer plano, con promesas de reducir la edad de responsabilidad penal y endurecer la respuesta a los delitos violentos. En marzo, pidió que los grupos fueran clasificados como organizaciones terroristas y luego viajó a Estados Unidos en mayo para plantearle directamente el pedido a Trump, una medida rechazada por Lula y la izquierda, que la consideran una amenaza a la soberanía brasileña.
Cuando Estados Unidos anunció que los grupos recibirían la designación de organizaciones terroristas, Bolsonaro agradeció a Trump y al secretario de Estado Marco Rubio por lo que describió como una respuesta a su pedido.
El mensaje conecta con la principal preocupación de los votantes: una encuesta de Quaest de agosto mostró que el 33% de los brasileños consideraba la violencia como el principal problema del país, más del doble del porcentaje que mencionó la economía.
Si es elegido, Flávio ha prometido buscar una amplia amnistía para su padre y otros condenados por el intento de golpe, y utilizar el indulto presidencial si el Congreso no actúa. También se espera que un eventual gobierno de Flávio mantenga buena parte del alineamiento internacional de su padre, especialmente con Estados Unidos.
Su énfasis en la lucha contra el crimen, su agenda contra la izquierda y sus enfrentamientos con el Supremo Tribunal Federal y el establishment político brasileño apelan directamente a temas que han movilizado durante años a la base de Bolsonaro.
Las similitudes con Perú
En junio, Keiko Fujimori se impuso en la segunda vuelta que la consagró como presidenta de Perú luego de tres derrotas previas.
A los 51 años, la representante de derecha construyó su candidatura sobre el orden, la experiencia y la continuidad de un modelo que asocian con estabilidad y crecimiento económico.
Desde la oposición fue criticada por ser considerada, al igual que Bolsonaro, la heredera de un proyecto político de su padre, Alberto Fujimori, que nunca terminó de rendir cuentas por las violaciones a los Derechos Humanos mientras fue presidente.
Keiko Fujimori tenía apenas 19 años cuando se convirtió en la acompañante de su padre en las actividades oficiales tras la separación de sus padres. Su madre, Susana Higuchi, había denunciado públicamente maltratos dentro del entorno presidencial y aquella crisis familiar terminó con una joven Keiko desempeñando un rol que ninguna otra mujer de su edad había ocupado en América Latina.
Durante seis años acompañó a su padre en actos oficiales, viajes y reuniones con mandatarios extranjeros. Mientras la mayoría de los jóvenes de su edad asistían a la universidad o daban sus primeros pasos en el mundo laboral, ella observaba desde cerca cómo funcionaba el poder.
Las tres derrotas consecutivas habrían sido suficientes para retirar de la política a muchos otros dirigentes, pero Keiko Fujimori no se rindió. A las disputas políticas se sumaron los problemas judiciales, ya que Keiko fue investigada por presunto lavado de dinero en el marco del caso Odebrecht, la trama de corrupción que salpicó a buena parte de América Latina.
Pasó por prisión preventiva en dos tramos: trece meses entre octubre de 2018 y noviembre de 2019, y otros tres meses y medio a principios de 2020. En total, cerca de dieciséis meses detrás de las rejas.
El Tribunal Constitucional anuló el juicio en octubre de 2025 al considerar que los cargos centrales carecían de sustento jurídico. Un juez ejecutó el fallo y archivó el proceso en enero de 2026, semanas antes del inicio de la campaña.
La decisión despejó el principal obstáculo que enfrentaba para volver a competir, aunque Fujimori quedó imputada por cargos menores vinculados con declaraciones falsas ante organismos electorales.
Al igual que Bolsonaro en Brasil, la campaña la centró en combatir con mano dura la inseguridad reinante en Perú, donde se registra un crecimiento de las extorsiones, los homicidios y el crimen organizado, que terminó desplazando a la economía del centro de preocupaciones para muchos peruanos.
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