En Spotorno, una pequeña localidad costera de Liguria, Italia, una disputa por apenas 50 metros de playa terminó enfrentando a un grupo de monjas con el ayuntamiento. Las protagonistas son las Hermanas de la Caridad de Santa María, que administran desde la década del 70 el complejo Bagni Gino Garrone y ahora se resisten a perder la concesión.
El balneario funciona con un objetivo particular: los ingresos obtenidos por el alquiler de sombrillas y reposeras se destinan a financiar obras educativas y sociales. Entre ellas figuran una escuela infantil que todavía funciona en Spotorno y un campamento de verano para chicos en la costa. Por eso, para las religiosas, la playa no es simplemente un negocio.
La cara visible de la protesta es la hermana Miranda, una religiosa octogenaria que cuestionó públicamente al alcalde Mattia Fiorini. “Es nuestra”, afirmó al diario Corriere della Sera. Y lanzó una advertencia: “¿Por qué el ayuntamiento quiere quitarnos nuestra playa? Si lo hacen, ni siquiera podremos mantener la escuela en funcionamiento”.
Pero el municipio sostiene que no tiene margen para mantener la concesión tal como está. Un cambio en las normas italianas y europeas eliminó la categoría que durante años permitió a determinadas entidades gestionar playas con fines sociales. Por eso, la franja administrada por las monjas deberá salir a una licitación pública.
“Las monjas tendrán que participar en la licitación como los demás”, explicó Fiorini, quien asegura que el objetivo es garantizar reglas iguales para todos y aumentar el acceso público a la costa. Spotorno pretende reservar cerca del 40% de sus playas para uso libre o con servicios, frente al apenas 3,5% que tenía hasta ahora.
El conflicto local forma parte de una discusión mucho mayor que Italia mantiene desde hace años con la Unión Europea. La llamada directiva Bolkestein establece reglas de competencia para determinados servicios y cuestiona la renovación automática de concesiones de playas. Tras años de demoras y resistencia del sector balneario, el Gobierno de Giorgia Meloni aceptó avanzar hacia licitaciones públicas, que deberán completarse antes del 30 de junio de 2027.
En Spotorno, la medida alcanza a las llamadas “playas benéficas”. La categoría fue eliminada del nuevo plan marítimo local, por lo que las tres concesiones que estaban bajo ese régimen deberán competir con operadores privados. El municipio considera, además, que el balneario de las religiosas ya funciona como uno convencional.
Las monjas rechazan esa interpretación y temen que un cambio de modelo reduzca drásticamente sus ingresos. Si la playa pasa a ser de acceso gratuito, solo podrían cobrar por determinados servicios, lo que pondría en riesgo los recursos destinados a sus actividades sociales.
La congregación apuesta ahora a encontrar una salida negociada.
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