El Gobierno de Pedro Sánchez volvió a aprobar este martes los dos decretos-ley de vivienda que habían sido rechazados cuatro días antes por el Congreso de los Diputados y ahora intentará conseguir su convalidación a través de la Diputación Permanente, luego de que el presidente español anunciara el adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.
La estrategia del Ejecutivo apunta a aprovechar la nueva composición de la Diputación Permanente, que mantiene algunas de las funciones del Congreso durante el período electoral. En ese ámbito, el voto de Junts, que resultó determinante para tumbar los decretos en la votación del viernes, deja de ser imprescindible para aprobar al menos una de las dos normas.
"Ni tiramos la toalla ni dejamos tirada a la gente", afirmó Sánchez luego de la reunión del Consejo de Ministros, al defender la decisión de volver a llevar adelante las medidas de vivienda. El presidente había anunciado el lunes la convocatoria de elecciones anticipadas y la disolución de las Cortes, en un escenario marcado también por las protestas y el debate sobre el acceso a la vivienda.
Los dos decretos recuperan buena parte del contenido de las normas rechazadas el viernes, aunque incorporan algunas modificaciones. El Ejecutivo sostiene que los cambios no alteran las principales medidas de protección y que resultan necesarios para volver a aprobar los textos después de su rechazo parlamentario.
Uno de los decretos concentra la mayor parte de las medidas. Entre ellas figura nuevamente la suspensión de los desahucios para personas vulnerables que no dispongan de una alternativa habitacional, además de mecanismos de protección para los contratos de alquiler y medidas destinadas a incrementar la oferta de vivienda.
El paquete también contempla una línea de préstamos a interés cero para quienes buscan comprar su primera vivienda. El programa "Tu Casa" tendrá una dotación de 10.000 millones de euros y permitirá acceder a préstamos de hasta 50.000 euros, según anunció Sánchez.
A esto se suman 680 millones de euros en avales para impulsar la construcción industrializada y la promoción de vivienda social. El Gobierno también mantiene medidas fiscales para inquilinos y pequeños propietarios, junto con una reducción del IVA para determinados tipos de vivienda protegida.
El decreto incorpora además restricciones vinculadas a la actividad de los denominados "fondos buitre", regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, cambios en el tratamiento fiscal de las viviendas turísticas y límites a determinadas actualizaciones de los alquileres.
El segundo decreto tiene un contenido más específico y plantea la renovación automática de los contratos de alquiler cuando estos finalicen. El objetivo es extender la protección de los inquilinos mediante una prórroga de los contratos, aunque este punto enfrenta mayores dificultades para conseguir los votos necesarios.
La clave está en la composición de la Diputación Permanente. El órgano cuenta con 69 integrantes: 27 del Partido Popular, 24 del PSOE más la presidenta del Congreso, seis de Vox, seis de Sumar y un representante de ERC, PNV, Junts, Bildu y el Grupo Mixto. Esta distribución modifica la aritmética parlamentaria respecto del pleno ordinario.
Con esta composición, el Gobierno considera que tiene los apoyos necesarios para sacar adelante el decreto que reúne la mayor parte de las medidas. Junts deja de tener capacidad para bloquearlo por sí solo, aunque el escenario es diferente con la segunda norma, que establece la renovación automática de los alquileres.
El PNV había votado en contra de ese segundo decreto en el Congreso y, por esa razón, el Ejecutivo todavía no cuenta con una mayoría asegurada para su convalidación. Los nacionalistas vascos, además, habían señalado que analizarían el contenido de los nuevos textos antes de definir su posición.
La maniobra del Gobierno se produce después de que el Congreso rechazara el viernes ambos decretos con los votos del Partido Popular, Vox y Junts, entre otros. El primero de los textos fue rechazado por 178 votos frente a 172 a favor.
Ahora, con las Cortes disueltas y las elecciones convocadas para el 29 de noviembre, Sánchez busca que las principales medidas de su política habitacional sobrevivan al cierre del Congreso y puedan ser convalidadas por la Diputación Permanente.
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