Más de 27 millones de peruanos están habilitados para votar hoy en una elección presidencial que enfrenta a la candidata de derecha Keiko Fujimori y al dirigente de izquierda Roberto Sánchez. Ambos llegaron al balotaje tras imponerse en la primera vuelta y representan proyectos políticos profundamente distintos para un país que arrastra años de inestabilidad institucional, fragmentación política y creciente preocupación por la inseguridad.
La campaña estuvo atravesada por una fuerte polarización. Mientras Fujimori se presentó como garante del orden, la estabilidad económica y la lucha contra el delito, Sánchez buscó posicionarse como representante de los sectores históricamente postergados del interior peruano, con un discurso centrado en la justicia social y la redistribución.
Los sondeos difundidos en los días previos coinciden en señalar un escenario de extrema paridad. Más que una competencia basada en adhesiones firmes, numerosos analistas consideran que la votación estará determinada por el rechazo que generan ambos postulantes en amplios sectores de la sociedad.
Las encuestas reflejan un país dividido entre las grandes ciudades y las regiones rurales. Fujimori concentra mayor respaldo en Lima y otros centros urbanos, mientras que Sánchez obtiene mejores resultados en las provincias del interior, especialmente en las zonas andinas y del sur del país.
Durante el cierre de campaña, ambos intentaron ampliar su base electoral moderando algunos de sus mensajes y buscando captar a los votantes indecisos. Sin embargo, la disputa siguió marcada por fuertes cuestionamientos cruzados y por el temor de parte del electorado ante un eventual triunfo de cualquiera de los dos.
Keiko Fujimori, jija del exmandatario Alberto Fujimori, mantiene un núcleo duro de apoyo que valora las políticas económicas y de seguridad implementadas durante la década de 1990. Sin embargo, también enfrenta una fuerte resistencia de quienes recuerdan las violaciones a los derechos humanos y los casos de corrupción asociados a aquel gobierno.
Sánchez, por su parte, quedó asociado durante la campaña al expresidente Pedro Castillo, destituido y encarcelado tras su fallido intento de cerrar el Congreso en 2022.
Aunque intentó diferenciarse y moderar algunas de sus propuestas económicas, sus adversarios lo acusan de representar un proyecto estatista que podría afectar la estabilidad macroeconómica del país.
Economía, seguridad y crisis institucional
La situación económica y la inseguridad aparecen entre las principales preocupaciones de los votantes. Fujimori propone fortalecer la inversión privada, sostener la independencia del Banco Central y endurecer las políticas contra el crimen organizado. Sánchez, en cambio, plantea una mayor intervención estatal en sectores estratégicos y una revisión de aspectos centrales del modelo económico, aunque en los últimos días buscó transmitir señales de moderación.
A estos desafíos se suma la crisis institucional que atraviesa Perú desde hace varios años. El Congreso, cuestionado por amplios sectores de la sociedad, mantiene elevados niveles de desaprobación y aparece como uno de los principales focos de tensión para el próximo gobierno, cualquiera sea el resultado electoral.
Un resultado abierto
Con un electorado dividido y encuestas que muestran diferencias mínimas entre ambos candidatos, el desenlace permanece abierto. Los especialistas coinciden en que el próximo presidente deberá gobernar un país fragmentado políticamente, con fuertes demandas sociales y una ciudadanía cada vez más desconfiada de sus dirigentes.
La votación de este domingo no solo definirá quién ocupará la Casa de Pizarro durante los próximos años, sino también qué rumbo tomará Perú frente a los desafíos económicos, sociales e institucionales que marcaron la última década.
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