La crisis política, económica y social que sacude a Paraguay sumó este sábado una nueva resolución judicial. El expresidente Santiago Peña fue imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio en el marco de la investigación por el colapso de Ueno Bank y quedó en prisión preventiva. El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú dispuso que continúe detenido en el Regimiento Escolta Presidencial.
La decisión se conoció después de que el exmandatario compareciera ante los fiscales y optara por guardar silencio. “Seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial”, confirmó el magistrado ante los medios al término de la audiencia, mientras en las calles de Asunción continuaban los reclamos para que fuera trasladado a una cárcel común.
La Fiscalía también imputó al expresidente del Banco Central de Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding, por lesión de confianza y administración en provecho propio. En su caso, agregó una acusación por producción de documentos públicos de contenido falso. El exfuncionario también se abstuvo de declarar y quedó alcanzado por la medida de prisión preventiva.
Para ambos, el Ministerio Público había solicitado, además, la inhibición de bienes, en una causa que busca determinar las responsabilidades de las anteriores autoridades en la supervisión de la entidad financiera y en el manejo de los fondos involucrados.
Peña fue trasladado durante la mañana del sábado a la Fiscalía General del Estado, en Asunción, en medio de un importante operativo de seguridad. Llegó en un convoy de vehículos policiales e ingresó por una puerta lateral, lejos de los manifestantes y de la guardia periodística que aguardaba en las inmediaciones.
Vestido con jean, zapatillas y camisa blanca, el exmandatario caminó sin esposas y acompañado por su abogado, Ricardo Preda. Ante los investigadores, que le comunicaron los hechos atribuidos y los elementos reunidos en el expediente, decidió no prestar declaración. Después de la diligencia regresó al Regimiento Escolta Presidencial, donde permanecerá por disposición judicial.
Una investigación abierta
La fiscal adjunta Nancy Salomón confirmó que la imputación representa una nueva etapa del proceso y advirtió que todavía podrían incorporarse otros elementos.
“Estamos empezando una investigación conforme los elementos recolectados. La investigación se encuentra abierta, e iremos incorporando elementos”, explicó ante los medios.
La causa, identificada con el número 92/2026, había sido abierta dos días antes por el fiscal general Emiliano Rolón. Las actuaciones sobre Peña y Carvallo se suman a las medidas que ya alcanzaron a exautoridades de Ueno Bank: cinco exdirectivos permanecen en prisión preventiva y dos exdirectoras cumplen arresto domiciliario con vigilancia electrónica.
La defensa de Peña había cuestionado la posibilidad de que se dictara prisión preventiva, al sostener que se trata de una medida excepcional y que existen alternativas para garantizar su sometimiento al proceso. Sin embargo, el juez hizo lugar al pedido fiscal y resolvió mantenerlo privado de la libertad.
El reclamo en las calles
La resolución sobre el lugar de detención mantiene abierto otro frente de tensión. El trato recibido por el expresidente provocó cuestionamientos entre los ahorristas, que exigen que permanezca bajo las mismas condiciones que otros detenidos por el escándalo financiero.
“Santi a Tacumbú” volvió a escucharse entre los manifestantes que se congregaron cerca de la Fiscalía, donde la policía interrumpió parcialmente el tránsito para desplegar el operativo de seguridad.
La consigna alude al antiguo penal de Tacumbú, actualmente denominado Centro Nacional de Prevenidos. La cárcel fue reorganizada durante el propio gobierno de Peña para alojar a personas privadas de la libertad sin condena.
Pese a los reclamos, Otazú dispuso que el exmandatario continúe recluido en el Regimiento Escolta Presidencial. Su permanencia en una dependencia militar sigue siendo uno de los principales cuestionamientos de quienes se movilizan por la crisis bancaria.
La devolución de los depósitos
Mientras avanza el expediente penal, el Banco Central intenta contener las consecuencias del derrumbe de Ueno Bank, que dejó a más de tres millones de clientes afectados y desencadenó una crisis institucional que terminó con la salida de Peña y la llegada de Pedro Alliana a la Presidencia.
El BCP dispuso la apertura extraordinaria de sucursales bancarias durante el fin de semana para facilitar que los clientes de Ueno que no operaban con otra entidad puedan abrir una cuenta y recibir las transferencias del Fondo de Garantía de Depósitos.
Los reintegros comenzaron el jueves por la noche. En la primera etapa se incluyó a unos 262.000 ahorristas que no tenían deudas con Ueno y contaban con una cuenta en otro banco. Cada uno recibió inicialmente hasta el equivalente a US$15.565.
Una ley aprobada durante la crisis elevó ese anticipo hasta aproximadamente US$19.050 por persona. Para quienes tenían depósitos menores, los giros permitieron recuperar la totalidad de sus ahorros; para los demás, representaron una devolución parcial.
Según las cifras difundidas, alrededor de 800.000 personas habían recibido reintegros durante las primeras horas del viernes. La cobertura estatal tiene un límite cercano a los US$35.700 por depositante, considerando el conjunto de sus cuentas y descontando las obligaciones vencidas con la entidad.
El Banco Central sostiene que ese mecanismo permite cubrir al 97% de los ahorristas. Para quienes superan el monto garantizado, en cambio, persiste la incertidumbre: la recuperación del excedente dependerá del proceso de liquidación y de las alternativas que definan las autoridades.
Con Peña en prisión preventiva, la anterior conducción del Banco Central bajo investigación penal y miles de ciudadanos reclamando por sus depósitos, la crisis de Ueno Bank profundiza sus consecuencias judiciales, políticas y sociales.
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