Perú amaneció ayer inmerso en una de las definiciones electorales más ajustadas de su historia reciente. El candidato de izquierda Roberto Sánchez logró tomar una leve ventaja sobre la derechista Keiko Fujimori en el conteo de la segunda vuelta presidencial, aunque el resultado continúa abierto y podría tardar varias semanas en quedar oficialmente definido.
Con poco más del 94% de las actas escrutadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Sánchez obtenía el 50,09% de los sufragios frente al 49,90% de Fujimori. La diferencia rondaba los 35.000 votos, una distancia mínima que mantiene la incertidumbre en todo el país.
Sánchez y Keiko representan proyectos políticos muy diferentes
El estrecho margen impide hablar de un ganador definitivo. Además de las actas pendientes, las autoridades deberán revisar documentos observados e impugnados que reúnen aproximadamente 450.000 votos. Ese proceso podría extenderse hasta el 15 de julio, fecha prevista para el cierre del escrutinio definitivo.
“Estamos muy confiados y optimistas, con tranquilidad para respetar los resultados al 100%”, declaró Sánchez. Fujimori también llamó a la calma y pidió paciencia a sus seguidores. “Tenemos que esperar hasta el final. Vamos a respetar el resultado sea cual sea”, afirmó.
La elección enfrentó a dos figuras que representan proyectos políticos muy diferentes. Fujimori, administradora de empresas de 51 años, buscó llegar a la presidencia por cuarta vez. Su campaña se apoyó en la promesa de restaurar el orden, fortalecer la economía y enfrentar el avance de la delincuencia.
La candidata apeló además al legado de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó entre 1990 y 2000. Para muchos peruanos sigue siendo el mandatario que derrotó a la insurgencia armada y estabilizó la economía, aunque su figura continúa siendo controvertida por las condenas que recibió por violaciones a los derechos humanos.
Del otro lado apareció Roberto Sánchez, de 57 años, congresista y exministro del expresidente Pedro Castillo. Considerado heredero político del exmandatario encarcelado tras el fallido autogolpe de 2022, construyó su candidatura sobre la promesa de combatir la corrupción y ampliar la presencia del Estado en la economía.
Como símbolo de esa continuidad política, Sánchez suele utilizar el sombrero campesino que le regaló Castillo y prometió impulsar medidas para favorecer su liberación. Incluso visitó al exmandatario en prisión el mismo día de la votación.
La campaña estuvo marcada por una fuerte polarización. Fujimori advirtió sobre los riesgos de un giro hacia el “comunismo”, mientras que Sánchez acusó a su rival de representar a las élites tradicionales y de mantener influencia sobre un Congreso al que responsabiliza por la inestabilidad política de los últimos años.
La división también quedó reflejada en el mapa electoral. El respaldo a Sánchez provino principalmente de las regiones rurales y de las zonas más pobres del interior del país, mientras que Fujimori obtuvo sus mejores resultados en Lima y otros grandes centros urbanos.
La principal preocupación de los votantes fue la inseguridad. En los últimos años se multiplicaron las bandas criminales y las denuncias por extorsión aumentaron de manera sostenida. La tasa de homicidios en Lima se triplicó entre 2020 y 2025, convirtiendo a la seguridad en el tema dominante de la campaña.
Fujimori prometió combatir el crimen mediante una estrategia de mano dura que incluye militarizar cárceles, reforzar la presencia policial y expulsar a extranjeros vinculados con actividades delictivas. Sánchez sostiene que la criminalidad no podrá reducirse sin una profunda reforma de la policía, la justicia y las instituciones encargadas de perseguir el delito.
La economía también ocupó un lugar central en el debate. Aunque Perú mantiene un crecimiento estimado del 3,4%, la informalidad laboral afecta a siete de cada diez trabajadores.
La inseguridad fue un tema clave para los votantes, ante la multiplicación de bandas criminales
Fujimori propone atraer inversiones privadas y profundizar el modelo de libre mercado, mientras que Sánchez plantea aumentos salariales y una mayor participación estatal.
El próximo presidente asumirá el 28 de julio en reemplazo del mandatario interino José María Balcázar y deberá gobernar un país profundamente dividido. Los analistas advierten que, independientemente del resultado, quien llegue al poder enfrentará un Congreso inclinado hacia la derecha y una ciudadanía polarizada.
Desde 2016, Perú ha tenido ocho presidentes, una muestra de la fragilidad institucional que atraviesa el país.
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