El Parlamento de Nicaragua, controlado por el oficialismo, aprobó una nueva reforma constitucional que endurece las condiciones para participar en elecciones y amplía de seis a siete años los mandatos de los principales cargos públicos. La modificación, impulsada por el copresidente Daniel Ortega, deja fuera de carrera a quienes las autoridades consideren “traidores a la patria” o vinculados con acciones contra el gobierno.
La reforma fue aprobada por unanimidad y a mano alzada durante una sesión especial celebrada en León. Se trata de la primera de las dos votaciones necesarias para que entre en vigor: deberá ser ratificada por la próxima legislatura, que asumirá en enero de 2027.
QUIÉNES ESTÁN “VETADOS”
El nuevo texto establece que no podrán ser candidatos ni ejercer cargos públicos quienes hayan participado, financiado o tenido algún tipo de vínculo con un supuesto intento de golpe de Estado. La prohibición también alcanza a quienes, según las autoridades, hayan atentado contra la soberanía o seguridad del país, promovido la intervención extranjera, respaldado sanciones o bloqueos económicos contra Nicaragua o recibido financiamiento del exterior.
La expresión “traidores a la patria” ya fue utilizada por el gobierno para desnacionalizar a cientos de opositores y críticos. Entre ellos se encuentran los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli. La nueva norma también impide que las personas alcanzadas por estas disposiciones integren las direcciones de partidos u organizaciones políticas.
Además de restringir el acceso a las elecciones, la reforma extiende de seis a siete años el período de los copresidentes, diputados, alcaldes, magistrados judiciales y electorales y otros altos funcionarios, así como de los jefes del Ejército y la Policía. También establece que las leyes extranjeras no tendrán efecto jurídico en territorio nicaragüense.
El cambio constitucional llega después de una polémica declaración de Ortega. El 19 de julio, durante los festejos por el aniversario de la Revolución Sandinista, el mandatario afirmó que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”. Sus palabras generaron preocupación internacional y encendieron las críticas de Estados Unidos y de organismos regionales.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acusó al gobierno nicaragüense de utilizar la reforma para afianzar su poder y privar a los ciudadanos de elecciones libres y justas. También pidió a otros países endurecer su posición económica frente a Managua.
La reforma modifica además el calendario electoral. Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026, pero la extensión de los mandatos trasladaría los comicios a noviembre de 2027.
Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007, después de haber ejercido la presidencia entre 1985 y 1990. Desde 2017 comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo, quien desde 2025 ocupa formalmente el cargo de copresidenta.
El avance de la reforma se produce en un país donde el gobierno ha reducido progresivamente el espacio para la oposición desde las protestas de 2018. Desde entonces, numerosos dirigentes políticos fueron encarcelados o expulsados, organizaciones civiles fueron clausuradas y cientos de opositores perdieron la nacionalidad.
Con la nueva modificación constitucional, el oficialismo no elimina formalmente las elecciones, pero establece nuevas barreras para determinar quién puede competir.
El resultado es un sistema en el que la continuidad del poder queda cada vez más protegida desde la propia Constitución.
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