Los suizos irán este domingo a las urnas para decidir si el país establece un límite máximo de 10 millones de habitantes, una medida sin precedentes que podría derivar en fuertes restricciones a la inmigración e incluso afectar la relación de Suiza con la Unión Europea.
La propuesta fue impulsada por el Partido Popular Suizo (SVP), una fuerza nacionalista y antiinmigración que sostiene que el crecimiento demográfico amenaza el medio ambiente, la infraestructura y la calidad de vida del país. Aunque el Gobierno se opone a la iniciativa, deberá aplicarla si obtiene el respaldo mayoritario en el referéndum.
Las encuestas previas muestran una disputa muy ajustada, por lo que el resultado permanece abierto.
De prosperar la iniciativa, Suiza se convertiría en el primer país del mundo en fijar un tope constitucional a su población.
Actualmente viven en el país alrededor de 9,1 millones de personas. Durante la última década la población creció cerca de un 10%, mientras que desde comienzos de siglo el incremento fue superior al 20%. Buena parte de ese aumento estuvo vinculado a la llegada de inmigrantes procedentes de otros países europeos.
La propuesta establece que para 2035 la población no deberá superar los 9,5 millones de habitantes. Para lograrlo, el Gobierno tendría que endurecer las políticas migratorias y revisar acuerdos internacionales vinculados a la circulación de personas.
El proyecto contempla mayores limitaciones al ingreso de inmigrantes, restricciones al derecho de asilo y condiciones más estrictas para la reunificación familiar.
Además, si la población supera los 10 millones de habitantes, las autoridades estarían obligadas a adoptar todas las medidas necesarias para reducirla, incluyendo la posibilidad de abandonar acuerdos internacionales que faciliten la llegada de extranjeros.
Según el texto sometido a votación, si esas medidas no resultan suficientes en un plazo de dos años, el Gobierno debería avanzar sobre los acuerdos de libre circulación con la Unión Europea.
Un posible conflicto con Europa
Ese escenario preocupa tanto al Ejecutivo como al sector empresarial. Los acuerdos con la Unión Europea permiten a los ciudadanos europeos trabajar y residir en Suiza, además de facilitar el acceso del país al mercado común europeo.
De los 9,1 millones de habitantes registrados a fines de 2025, aproximadamente 1,5 millones son ciudadanos de países miembros de la Unión Europea.
El Gobierno advirtió que una eventual aprobación de la iniciativa podría aislar a Suiza y poner en riesgo acuerdos fundamentales para su economía. En la misma línea, la principal asociación empresarial del país calificó el proyecto como una “iniciativa del caos” y recordó que la economía suiza seguirá necesitando mano de obra extranjera en los próximos años.
El argumento ambiental
Los impulsores del referéndum sostienen que la propuesta no responde únicamente a una cuestión migratoria. Afirman que el crecimiento demográfico genera una presión excesiva sobre los recursos naturales, el territorio y los servicios públicos.
Con ese argumento, la campaña a favor del “sí” presentó la iniciativa como una herramienta para preservar el entorno natural y garantizar la sustentabilidad del país.
Los detractores, en cambio, consideran que detrás de ese planteo ambiental se esconde un proyecto destinado a reducir drásticamente la inmigración y a endurecer la histórica política de apertura que permitió a Suiza convertirse en uno de los países más prósperos de Europa.
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