El traslado de miles de migrantes desde los asentamientos de las playas de Benítez y El Trampolín hacia un nuevo campamento habilitado en el puerto de Ceuta estuvo marcado este viernes por momentos de tensión, carreras y una avalancha que obligó a reforzar el operativo de seguridad. El principal problema quedó expuesto desde el comienzo: más de 4.000 personas esperaban ser trasladadas, pero el nuevo espacio cuenta con unas 1.700 plazas.
El operativo comenzó alrededor de las 6.30 de la mañana, cuando efectivos de la Guardia Civil empezaron a concentrar a los migrantes que permanecían en los asentamientos de las dos playas. Posteriormente se sumaron agentes de la Policía Nacional para organizar el desplazamiento hacia las instalaciones portuarias.
A medida que los grupos avanzaban hacia el puerto, la situación comenzó a complicarse. Parte de los migrantes empezó a correr por temor a quedarse sin una de las plazas disponibles. La multitud llegó a superar momentáneamente el cordón establecido por las fuerzas de seguridad, lo que generó una situación de riesgo ante la posibilidad de una avalancha.
Para recuperar el control, los agentes reorganizaron a los migrantes en grupos más pequeños y establecieron un acceso escalonado al campamento. Según EFE, durante los momentos de mayor tensión se utilizaron medidas disuasorias y se efectuaron disparos al aire. La situación pudo ser controlada y el traslado continuó de manera progresiva.
El dispositivo contó con unos 170 agentes de la Policía Nacional y 70 efectivos de la Guardia Civil, además de drones y unidades especializadas en mantenimiento del orden público. Los migrantes fueron trasladados y registrados antes de ingresar al nuevo centro.
El campamento se encuentra en la zona del Muelle de Poniente y dispone de alrededor de 1.700 plazas, una capacidad muy inferior a la cantidad de personas que permanecían en las playas. El Gobierno estima que entre 9.000 y 10.000 migrantes continúan actualmente en Ceuta después de la entrada masiva procedente de Marruecos registrada el 30 de julio.
Con el nuevo traslado, cerca de 1.700 personas podrán ser alojadas en el puerto, pero todavía quedarían miles sin un lugar dentro de los dispositivos disponibles. El Ejecutivo español anticipó que serán necesarias nuevas ubicaciones para ampliar la capacidad de acogida.
La puesta en funcionamiento del campamento también estuvo precedida por una disputa judicial. El Sindicato Unificado de Policía había solicitado suspender su utilización por cuestiones vinculadas con la seguridad de los agentes y la ubicación del dispositivo junto a infraestructuras consideradas estratégicas. La Audiencia Nacional rechazó este jueves la medida cautelar y permitió avanzar con el operativo.
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