La disputa entre la Argentina y el Reino Unido por la explotación de petróleo en las Islas Malvinas ingresará en noviembre en una instancia decisiva. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, fijó para los días 10 y 11 del próximo mes las audiencias en las que escuchará los argumentos de ambos países sobre el pedido del gobierno de Javier Milei para suspender las actividades hidrocarburíferas en las aguas que rodean el archipiélago.
La decisión, anunciada por el presidente del organismo, el juez Maurice K. Kamga, abre un nuevo capítulo en un conflicto que elevó la tensión diplomática entre Buenos Aires y Londres y que tiene como eje el desarrollo de Sea Lion, un ambicioso proyecto petrolero impulsado por la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.
La Argentina pretende que el tribunal ordene medidas provisionales para impedir que avancen las operaciones mientras se constituye una instancia arbitral que deberá analizar el fondo de la controversia. El Reino Unido, por su parte, sostiene que las actividades se realizan dentro del marco legal vigente en las islas y rechaza cualquier intento argentino de interferir en su desarrollo económico.
Las audiencias serán públicas y podrán seguirse en directo a través de la página oficial del tribunal, integrado por 21 jueces. Aunque la decisión sobre las medidas cautelares podría conocerse en un plazo relativamente breve, el proceso arbitral completo podría extenderse durante varios meses.
UN PROYECTO MILLONARIO EN EL CENTRO DE LA DISPUTA
El conflicto gira principalmente alrededor de Sea Lion, un yacimiento ubicado a unos 198 kilómetros al norte de las Malvinas, cuya explotación está encabezada por Navitas Petroleum, con una participación del 65 por ciento, y Rockhopper Exploration, que posee el 35 por ciento restante.
Las compañías proyectan comenzar las perforaciones a principios de 2027 y alcanzar la producción comercial durante el primer trimestre de 2028. El desarrollo contempla 23 pozos distribuidos en seis centros de producción, además de infraestructura submarina y un buque destinado a producir, almacenar y descargar petróleo.
La magnitud de la iniciativa representa un cambio significativo en la actividad económica de las islas y podría modificar el escenario energético y geopolítico del Atlántico Sur.
Para la Argentina, sin embargo, se trata de una explotación unilateral de recursos naturales en un territorio cuya soberanía continúa en disputa. El Gobierno sostiene que estas actividades contradicen las resoluciones de Naciones Unidas que instan a ambos países a evitar decisiones que alteren la situación del archipiélago mientras no se resuelva el conflicto.
La preocupación argentina también se extiende a la participación de Chile, especialmente por el apoyo logístico que empresas privadas prestan desde Punta Arenas a las operaciones vinculadas con Malvinas.
EL ARGUMENTO AMBIENTAL, LA CLAVE DEL RECLAMO
La presentación argentina fue formalizada el 13 de octubre, luego de que venciera el plazo de dos semanas otorgado al Reino Unido para detener las actividades petroleras. El Gobierno recurrió al artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que permite solicitar medidas provisionales ante situaciones de urgencia mientras se constituye un tribunal arbitral.
El escrito, de 49 páginas, fue presentado por el embajador Mario Oyarzábal, con intervención de la Cancillería, encabezada por Pablo Quirno, y la Secretaría Legal y Técnica.
Uno de los principales argumentos argentinos está relacionado con los riesgos ambientales de la explotación petrolera en el Atlántico Sur.
La presentación advierte que un eventual derrame podría afectar aguas bajo jurisdicción argentina y provocar daños de difícil o imposible reparación. Para sostener esa posición, cita documentación elaborada por las propias compañías petroleras, en la que se contemplan escenarios de dispersión de hidrocarburos hacia aguas argentinas.
En particular, un plan de contingencia elaborado por Premier Oil, anterior participante del proyecto, estimó que determinados tipos de crudo podrían alcanzar esas aguas en plazos de entre 14 y 30 días, con probabilidades variables según las condiciones del derrame.
El Gobierno también cuestiona la experiencia operativa de las empresas involucradas en proyectos de producción petrolera costa afuera.
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