El Gobierno británico anunció medidas legales para proteger a las empresas involucradas en la explotación petrolera en las Islas Malvinas frente a las sanciones argentinas. La decisión se conoció después de que Argentina solicitara al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, medidas provisionales para detener las actividades vinculadas con el proyecto Sea Lion.
Londres adelantó que recurrirá a la legislación de Protección de los Intereses Comerciales (PTI, por sus siglas en inglés) para resguardar a las compañías y particulares que desarrollan actividades que considera lícitas bajo sus normas. El objetivo es que las disposiciones complementarias entren en vigor antes de fin de año.
“No nos quedaremos de brazos cruzados”, afirmó el Gobierno británico, que ratificó su respaldo a las inversiones en el archipiélago y aseguró que continuará trabajando con las empresas afectadas por las medidas argentinas.
QUÉ BUSCA PROTEGER EL REINO UNIDO
La legislación invocada por Londres contempla herramientas para limitar los efectos de disposiciones extranjeras sobre empresas y personas bajo jurisdicción británica. Entre ellas, permite prohibir el cumplimiento de determinadas restricciones comerciales impuestas por otros países.
Según la información difundida por el Gobierno británico, el esquema también contempla impedir el reconocimiento o la ejecución de determinadas sentencias extranjeras y habilitar reclamos judiciales para recuperar daños económicos derivados de esas medidas.
Londres sostiene que las compañías deben poder tomar decisiones comerciales de acuerdo con la legislación británica. También reiteró su posición de que el desarrollo de los recursos naturales de las islas corresponde a las autoridades locales y a las empresas involucradas.
La respuesta apunta especialmente a Sea Lion, el proyecto que encabeza la israelí Navitas junto con la británica Rockhopper Exploration, alcanzadas por las sanciones anunciadas por Argentina contra las firmas que operan en la zona sin autorización nacional.
LOS CUATRO PEDIDOS DE ARGENTINA
La Cancillería y la Secretaría de Legal y Técnica argentinas presentaron ante el TIDM una solicitud de medidas provisionales con cuatro requerimientos urgentes.
El Gobierno pidió que se prohíban nuevas actividades extractivas, se restrinja el uso de la información técnica obtenida durante las exploraciones y se ordene al Reino Unido abstenerse de conceder nuevos permisos. Además, solicitó preservar los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental mientras se desarrolla el procedimiento principal.
La presentación se vincula con el arbitraje iniciado el 28 de septiembre bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El pedido busca obtener medidas de protección mientras se sustancia esa instancia y no implica que el tribunal ya haya dispuesto la suspensión de las operaciones.
El reclamo judicial se suma a las sanciones económicas anunciadas por el presidente Javier Milei y a otras iniciativas destinadas a reforzar el control argentino sobre los recursos del Atlántico Sur.
UN PROYECTO QUE PREVÉ PRODUCIR DESDE 2028
Sea Lion se encuentra a unos 240 kilómetros al norte de las Malvinas, en una zona con aguas de aproximadamente 500 metros de profundidad. Navitas posee el 65% del proyecto y está a cargo de su operación, mientras que Rockhopper tiene el 35% restante.
Según las estimaciones de las compañías, la extracción de petróleo podría comenzar en 2028. El desarrollo previsto contempla 23 pozos en el sector norte del yacimiento y dos buques de producción para procesar y transportar el crudo, con una capacidad proyectada de hasta 180.000 barriles diarios.
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