El gobierno de Donald Trump anunció nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), destinadas a restringir sus recursos y su funcionamiento. La medida fue comunicada pocas horas después de que el Comité Nobel noruego distinguiera con el Premio de la Paz a Navi Pillay, quien integró el tribunal con sede en La Haya.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó que Washington prohibirá las transacciones con la CPI, a la que calificó de “deshonesta”. El anuncio profundiza el enfrentamiento de la administración republicana con el organismo, cuyas investigaciones involucran a Estados Unidos e Israel.
“O la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros pondremos fin a la CPI”, sostuvo Rubio en un comunicado y en un video difundido en sus redes sociales.
Rubio justificó las sanciones como una medida para proteger al personal de seguridad y a los funcionarios electos estadounidenses de eventuales procesos ante una corte de la que Estados Unidos no forma parte. “El presidente Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional procese a estadounidenses”, afirmó. Según explicó, las restricciones apuntan a cortar los recursos del tribunal y paralizar “su capacidad de funcionar”.
El secretario de Estado aseguró que Washington había comunicado durante más de un año los “gestos básicos de buena fe” que esperaba de la CPI. También sostuvo que se había abstenido de adoptar nuevas sanciones mientras aguardaba un cambio de posición del organismo o de sus Estados miembros, pero que no se produjeron “medidas significativas” para responder a sus preocupaciones.
Rubio extendió el reclamo a los países aliados que integran la Corte y “dependen de los militares estadounidenses para su defensa”. Les exigió que intervengan para controlar al tribunal y advirtió que, de lo contrario, Washington continuará trabajando para desmantelarlo “ladrillo por ladrillo”.
La CPI rechazó las sanciones
La Corte Penal Internacional cuestionó la decisión estadounidense y la definió como “un ataque contra el Estado de derecho y contra los propios fundamentos del orden jurídico internacional”.
En su respuesta, el tribunal sostuvo que las sanciones ponen en discusión el principio de que nadie está por encima de la ley y advirtió que “la historia juzgará este momento”.
Las nuevas restricciones se suman a medidas anteriores de la administración Trump contra funcionarios de la CPI, entre ellos integrantes de la fiscalía y jueces, por investigaciones vinculadas con Estados Unidos e Israel. Ninguno de los dos países es miembro del organismo.
El mes pasado, el presidente estadounidense había pedido a los Estados que integran la Corte que la abandonaran, al considerar que estaba “fuera de control”.
El anuncio coincidió con el premio a Pillay
La decisión de Washington se conoció el mismo día en que Navi Pillay fue distinguida con el Nobel de la Paz. La jurista sudafricana, de 85 años, presidió el tribunal para el genocidio de Ruanda, fue jueza de la CPI y posteriormente encabezó una comisión de investigación de las Naciones Unidas que acusó a Israel de cometer genocidio en Gaza.
La declaración de Rubio no mencionó a Pillay ni al galardón. Aunque ambos anuncios coincidieron en la jornada, el Gobierno estadounidense fundamentó las sanciones en sus cuestionamientos al alcance de las investigaciones del tribunal.
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