Apenas un día después de la asunción de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, un atentado con explosivos sacudió el suroeste del país y se convirtió en el primer episodio de estas características desde el inicio de su gobierno.
La explosión se produjo en el peaje de Mandiva, ubicado sobre la vía Panamericana, una de las principales arterias del suroeste colombiano. Según informó el Ejército, dos vigilantes que se encontraban custodiando la infraestructura sufrieron heridas leves.
De acuerdo con el testimonio de uno de ellos, una persona abandonó un vehículo en el lugar y posteriormente escapó en una motocicleta. Poco después, el automóvil explotó.
Las primeras investigaciones apuntan a las facciones Dagoberto Ramos y Jaime Martínez de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no se acogieron al acuerdo de paz firmado hace una década con el Estado.
Militares desplegaron un operativo en la zona y, con la asistencia de perros entrenados, recorrieron el área para descartar la presencia de otros artefactos explosivos.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, calificó lo ocurrido como un “atentado terrorista” y aseguró que el Gobierno trabaja para restablecer la circulación.
“Colombia no se va a arrodillar ante la violencia ni va a permitir que destruyan las obras que conectan a nuestras regiones”, afirmó la funcionaria.
El ataque ocurrió en la vía que comunica los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.
Durante su discurso, el nuevo mandatario envió un mensaje a los grupos armados ilegales y anticipó el rumbo que pretende imprimir a su política de seguridad: “Tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza pública”.
Tras la ceremonia se realizó en Cali el primer consejo de seguridad del nuevo gobierno. Según explicó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se resolvió coordinar a las fuerzas de seguridad para reforzar el control sobre las economías ilícitas y recuperar territorios afectados por la violencia.
Giro en la política de seguridad
De la Espriella descartó continuar con la política de diálogo con los grupos armados que había impulsado su antecesor, Gustavo Petro, y comenzó a adoptar medidas destinadas a endurecer la estrategia oficial.
Además, anunció el traslado de 117 presos vinculados a los procesos de paz del anterior gobierno hacia establecimientos penitenciarios de máxima seguridad.
Según informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), la decisión busca “recuperar el control permanente de las cárceles” y reducir la capacidad de las organizaciones criminales para coordinar actividades ilegales desde las prisiones.
Los detenidos fueron distribuidos en ocho establecimientos de alta seguridad ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.
El INPEC aseguró que el gobierno ejercerá el control penitenciario “con autoridad y dentro del marco constitucional”, en otra señal del endurecimiento de la política de seguridad que De la Espriella busca implementar desde el comienzo de su mandato.
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