Miles de personas marcharon ayer en las calles de Madrid para protestar contra el desalojo de una mujer de 87 años del inmueble en el que había vivido casi toda su vida, y reclamar una mayor protección para los inquilinos.
Las imágenes de Maricarmen Abascal siendo sacada en camilla de su piso en Madrid el miércoles, después de que la policía derribara la puerta, han vuelto a situar en el centro del debate la crisis de la vivienda en España, a poco más de un año de las elecciones generales previstas para 2027.
Los manifestantes corearon consignas y portaron pancartas en las que exigían medidas para frenar el aumento de los costos de la vivienda y dificultar los desalojos, mientras recorrían el centro.
“Tú podrías ser la próxima Maricarmen”, se leía en una de las pancartas.
Abascal, convertida en símbolo de la crisis de la vivienda en España, pidió a los ciudadanos que se sumen a la lucha en un mensaje de vídeo difundido en internet pocas horas antes de la protesta.
“Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas”, afirmó en un hospital, donde permanece ingresada por agotamiento desde su desahucio.
“Quiero que sirva para que la gente luche y para que se cambien las leyes que han permitido mi desahucio”, añadió en el vídeo, difundido por el principal sindicato de inquilinos del país.
Según ese sindicato, Abascal se vio obligada a abandonar el apartamento donde había vivido durante 70 años después de que una empresa inmobiliaria adquiriera el inmueble y aumentara el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.
Promesa incumplida
El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, quien el año pasado prometió convertir la vivienda en una prioridad de su Ejecutivo, afronta una presión creciente para actuar.
Desde el desahucio de Abascal se han sucedido las protestas en distintas ciudades del país.
Está previsto que el Gobierno apruebe en su próxima reunión del Consejo de Ministros un paquete de medidas bautizado como “decreto Maricarmen”, que incluiría la renovación automática de los contratos de alquiler y nuevas restricciones a los desalojos.
Sin embargo, no está claro que el paquete obtenga el respaldo del Parlamento, donde el Ejecutivo de Sánchez carece de mayoría.
Un proyecto de ley similar fue rechazado a principios de este año, aunque el caso de Abascal ha incrementado la presión sobre los partidos políticos para que actúen.
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