Un proyecto de ley que propone crear un nuevo régimen para los abogados del niño y que obtuvo aprobación en la Cámara de Diputados días atrás genera preocupación entre especialistas y Colegios de Abogados de la Provincia, donde la figura funciona desde hace más de una década.
La iniciativa, impulsada por la diputada oficialista Lucía Iañez, busca derogar la Ley 14.568 y crear un nuevo régimen para el abogado del niño. Entre los cambios que plantea, contempla otorgar a la Suprema Corte de Justicia y al Ministerio de Justicia de la Provincia facultades de supervisión sobre los registros de profesionales que actualmente se encuentran bajo la órbita de los Colegios de Abogados.
Creada por ley en el año 2013, la figura del Abogado del Niño tiene por función ejercer la defensa técnica y representar los intereses personales e individuales de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años ante cualquier procedimiento civil, familiar o administrativo que los afecte. A diferencia de otras figuras legales, este profesional actúa bajo las directivas y la voluntad del menor, considerándolo un sujeto activo de derechos.
A partir de su creación, los veinte Colegios de Abogados de la Provincia fueron armando sus registros con profesionales capacitados especialmente para esta tarea. El Colegio de la Abogacía de La Plata fue el primero en dictar el curso y formar el propio.
“Lo que intenta la Legislatura bonaerense es derogar una ley y reemplazarla por otra completamente nueva. Y lo hace sin explicar qué es lo que funciona mal de la que está actualmente vigente. No hay un balance de lo hecho en estos años. Si algo falla, se puede corregir sin tirar abajo todo lo construido” sostiene la abogada Sara Cánepa, quien se especializa en la materia
“No creemos que sea conveniente que la Suprema Corte y el Ministerio de Justicia pasen a supervisar los registros de abogados del niño y tampoco nos parece adecuado que los honorarios dejen de estar a cargo del Estado y que como regla pasen a pagarlos los padres, tutores o guardadores”, señala también su colega María Donato, referente del tema en el Colegio de la Abogados, cuestionando los aspectos centrales de la iniciativa.
CAMBIO DE LÓGICA
Al expresar su preocupación frente a la posibilidad de que la Justicia y el Gobierno supervisen los registros de abogados del niño, ambas letradas explican que muchas veces el abogado del niño tiene que reclamarle justamente a ambos organismos.
“Si un organismo no protegió a un chico, o si un juez tomó una decisión que lo perjudica, el abogado del niño tiene que poder cuestionarlo sin estar sujeto a un funcionario estatal o a un juez. Sería como que el árbitro controle al abogado de uno de los equipos. Por eso el control profesional tiene que seguir en los Colegios de Abogados”, explica Cánepa.
Otro aspecto del proyecto legislativo que suscita preocupación es el cambio en el pago de honorarios. Hoy “cuando la familia no tiene recursos, paga todo el Estado provincial. En los demás casos, el Estado paga la mitad y el resto se define por la condena en costas. El proyecto da vuelta esa lógica: primero pagan los padres, tutores y guardadores y el Estado sólo en casos excepcionales. Nos oponemos a que paguen los padres porque tener un abogado es un derecho de niñas, niños y adolescentes, no un servicio que contrata su familia”, remarca Donato.
Por otra parte, “muchas veces el chico necesita un abogado propio precisamente porque está en conflicto con los adultos que lo tienen a cargo, entonces el pago no puede estar a cargo de esos adultos en exclusiva”, señala la especialista al remarcar que tanto la Constitución Nacional y Provincial como la Convención sobre los Derechos del Niño garantizan a los chicos el derecho a tener abogado.
“Los Colegios, que sostienen este sistema desde hace más de diez años, no participamos de su elaboración. Si quieren mejorar la Ley estamos dispuestos a trabajar en eso, partiendo de la experiencia acumulada y escuchando a los Colegios”, reclaman desde la entidad.
Frente a este escenario, abogados del niño de toda la Provincia convocaron a firmar un petitorio en contra del Proyecto a fin de “discutir y sostener la incumbencia profesional del abogado del niño”, que a su entender quedaría recortada de aprobarse el proyecto de ley.
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