El suicidio se consolidó como uno de los principales problemas de salud pública vinculados con las muertes violentas en Argentina. En 2025 se registraron 5.209 casos en el país, un 22,6% más que los 4.249 de 2024 y un 57,7% por encima de los 3.304 de 2017. La tasa nacional pasó de 8,2 a 11,8 casos cada 100.000 habitantes en ese período, mientras que cerca de ocho de cada diez víctimas fueron varones.
En el Gran La Plata, un relevamiento periodístico independiente contabilizó 92 suicidios durante 2025: 60 en La Plata, 25 en Berisso y siete en Ensenada. La cifra fue apenas inferior a los 93 casos de 2024 y superó las 84 muertes por siniestros viales registradas en La Plata y los 22 homicidios dolosos contabilizados en los tres municipios. En 2025, julio fue el mes con más casos, con 14.
La distribución etaria muestra otro dato relevante: 47 de las víctimas locales tenían entre 19 y 40 años, mientras que 24 estaban entre los 41 y los 65, siete eran menores de edad y seis mayores de 65. En Berisso se produjo además una fuerte concentración, con 25 casos frente a los 13 del año anterior. Estos números deben leerse junto con otros factores de vulnerabilidad, entre ellos problemas económicos, aislamiento, conflictos familiares, trastornos de salud mental y consumos problemáticos.
El alcohol y las drogas no explican por sí solos un suicidio, pero la evidencia científica muestra una asociación significativa entre los trastornos por consumo de sustancias y la mortalidad por esta causa. Un metaanálisis publicado en 2024 concluyó que el uso problemático de sustancias constituye un factor de riesgo relevante, mientras que la OMS señala que el consumo perjudicial de alcohol puede favorecer cambios de ánimo, impulsividad y conductas suicidas.
En una crisis, la intoxicación puede disminuir el control de los impulsos y alterar la capacidad de evaluar consecuencias. A más largo plazo, la dependencia puede profundizar el aislamiento, los conflictos familiares, el deterioro laboral y económico y otros problemas de salud mental. Por eso, las guías argentinas para la evaluación del riesgo suicida indican que deben investigarse específicamente los consumos de alcohol, marihuana, cocaína, otras sustancias y psicofármacos.
Los medicamentos psiquiátricos requieren una consideración diferente. Tener un tratamiento no significa que este haya provocado una conducta suicida: muchos psicofármacos se utilizan precisamente para tratar cuadros asociados al riesgo. La preocupación aparece ante la automedicación, el abuso, la dependencia, las combinaciones de sustancias, la interrupción sin supervisión o el acceso inadecuado a grandes cantidades de medicamentos.
Las benzodiacepinas son uno de los grupos más estudiados. Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2026, que incluyó 21 estudios, encontró una asociación entre su utilización y un mayor riesgo de suicidio, con un efecto combinado de 2,74. Otro estudio publicado ese año encontró que el riesgo de conducta suicida ya era elevado antes de comenzar el tratamiento y alcanzaba su mayor nivel durante las primeras etapas, una evidencia que refuerza la necesidad de considerar también las condiciones que llevaron a indicar esos fármacos.
En el Gran La Plata, el relevamiento de 2025 identificó al menos 14 víctimas que tenían diagnósticos de salud mental y se encontraban bajo tratamiento o seguimiento psiquiátrico. El dato no permite atribuir esos fallecimientos a los medicamentos, pero plantea la necesidad de reconstruir cada trayectoria: diagnóstico, medicación, consumos, antecedentes de intentos, seguimiento profesional y acceso efectivo a dispositivos de atención.
La problemática se inserta además en un contexto más amplio. La pandemia interrumpió vínculos familiares, escolares y sociales y dejó un aumento de los trastornos de ansiedad y depresión. Entre adolescentes y jóvenes se sumaron el bullying, el aislamiento, la presión de las redes sociales, la hiperexposición digital y las dificultades para acceder a espacios de escucha. La IA generativa agrega un fenómeno reciente: algunos jóvenes recurren a chatbots como sustitutos de vínculos humanos o profesionales, un comportamiento que ya generó demandas judiciales en Estados Unidos a partir de casos de adolescentes.
La escuela constituye otro punto crítico. Los Equipos de Orientación Escolar tienen un papel central en la detección temprana de situaciones de sufrimiento, violencia, consumos y riesgo suicida, pero la sobrecarga de profesionales dificulta sostener intervenciones preventivas. Frente a esto, las estrategias de prevención requieren integrar salud mental, adicciones, convivencia escolar y acompañamiento familiar, en lugar de tratar cada problema como un fenómeno separado.
La respuesta sanitaria también enfrenta dificultades de acceso. La Provincia cuenta con el plan de prevención y abordaje del suicidio, dispositivos comunitarios y la línea 0800-222-5462 de atención en salud mental, mientras que la Sedronar dispone de la línea 141 para consumos problemáticos. El desafío es que esas redes funcionen de manera articulada y permitan intervenir antes de que una persona llegue a una crisis aguda.
Los 92 suicidios del Gran La Plata durante 2025 muestran una problemática que excede ampliamente al momento del desenlace. Salud mental, consumo de alcohol y drogas, uso de psicofármacos, condiciones económicas, vínculos familiares, escuela, redes sociales y acceso al sistema sanitario pueden superponerse en una misma trayectoria.
Las estadísticas disponibles todavía no permiten establecer qué proporción de las muertes estuvo directamente relacionada con sustancias, pero sí muestran que los consumos problemáticos deben formar parte de la evaluación y prevención del riesgo suicida, junto con el seguimiento cuidadoso de los tratamientos farmacológicos.
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