Un conflicto gremial en el ámbito del Ministerio de Seguridad bonaerense encendió la preocupación en el sector de la seguridad privada. La paralización de la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada mantiene frenados trámites indispensables para el funcionamiento de las empresas y la actividad de miles de vigiladores en todo el territorio provincial.
La situación lleva más de diez días y según fuentes gremiales tiene como protagonistas a trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y a las autoridades del área provincial. Como consecuencia de la medida, se encuentra interrumpida la gestión de documentación necesaria para que los trabajadores y las compañías puedan desarrollar sus tareas dentro del marco legal.
Entre los trámites afectados se encuentran la renovación de credenciales del personal de vigilancia, la habilitación de empresas, la homologación de cursos de capacitación y la emisión de credenciales necesarias para gestionar las portaciones de armas ante el RENAR.
El escenario genera inquietud en una actividad que reúne a más de 60.000 vigiladores en la provincia de Buenos Aires. La falta de documentación habilitante impide que las empresas puedan asignar personal que no cuente con las credenciales exigidas por la normativa vigente.
Preocupación por los servicios de vigilancia
Las consecuencias del conflicto no se limitan al funcionamiento administrativo del organismo. Las empresas advierten que, si la paralización continúa, podrían verse obligadas a reducir sus prestaciones en distintos ámbitos, entre ellos comercios, industrias, bancos y barrios privados.
La situación también representa un problema para las firmas, ya que mantener personal sin las habilitaciones exigidas puede derivar en incumplimientos de la normativa y eventuales sanciones económicas.
En medio de este escenario intervino la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), el gremio que representa a los vigiladores, que intentó acercar posiciones para encontrar una salida al conflicto.
Sin embargo, hasta el momento no se alcanzó un acuerdo que permita normalizar el funcionamiento de la Dirección Provincial y reactivar las gestiones pendientes.
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