El Gobierno nacional puso en marcha la licitación de AMBA I, una de las principales obras de transporte eléctrico previstas para los próximos años y considerada estratégica para reforzar el abastecimiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires y distintos puntos de la provincia.
El proyecto demandará una inversión estimada en US$800 millones y contempla la construcción de unos 270 kilómetros de nuevas líneas de transmisión, además de una estación transformadora y otras instalaciones. El objetivo es ampliar en alrededor de 2.000 MW la capacidad de abastecimiento de una región que concentra cerca del 40% de la demanda eléctrica del país.
La infraestructura será construida, operada y mantenida por el sector privado mediante un esquema de concesión. Sin embargo, para reducir los riesgos financieros y hacer más atractiva la inversión, el modelo contempla un aporte inicial de Cammesa, garantías internacionales y la posibilidad de recuperar progresivamente parte del desembolso a través de las tarifas.
EL TRASLADO A LAS FACTURAS
Uno de los puntos centrales del esquema es la manera en que el adjudicatario recuperará los recursos invertidos. La empresa no deberá esperar a que toda la obra esté terminada para comenzar a cobrar.
La construcción será dividida en dos grandes etapas y cerca de diez hitos. A medida que se cumplan esos objetivos, el concesionario podrá recuperar gradualmente una parte de la inversión mediante el componente correspondiente al transporte de energía incluido en las facturas eléctricas.
La decisión llegó después de un extenso debate dentro del Gobierno sobre cómo financiar el proyecto. Inicialmente se había evaluado establecer un cargo específico en las boletas para reunir fondos antes del inicio de los trabajos, una alternativa que finalmente fue descartada.
Luego se analizó que el privado recuperara la totalidad de la inversión mediante un canon una vez que la infraestructura comenzara a funcionar. El mecanismo elegido terminó siendo intermedio: los pagos podrán comenzar durante la ejecución, siempre que se alcancen los hitos establecidos en el contrato. El objetivo oficial es evitar que el impacto de una inversión cercana a US$800 millones se concentre de una sola vez sobre las tarifas.
El costo tampoco se distribuirá de manera uniforme entre todos los usuarios del país. De acuerdo con el esquema previsto, quienes se beneficien directamente con la ampliación de la capacidad de transporte asumirán una proporción mayor.
Esto alcanzará principalmente a los usuarios del AMBA y a sectores de la provincia de Buenos Aires vinculados con el trazado de la nueva infraestructura.
Otra parte del costo se distribuirá entre el conjunto del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). La explicación oficial es que, aunque AMBA I busca solucionar un cuello de botella localizado, su funcionamiento también aportará mayor estabilidad al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
CAMMESA APORTARÁ US$110 MILLONES
Aunque el Gobierno plantea que la nueva etapa de expansión del transporte eléctrico debe apoyarse principalmente en capital privado, AMBA I contará con un aporte inicial de aproximadamente US$110 millones de Cammesa.
Ese monto representa cerca del 14% del costo total estimado del proyecto y no deberá ser devuelto por la empresa que resulte adjudicataria.
Según explicaron desde la Secretaría de Energía, aproximadamente la mitad será entregada en efectivo y el resto se concretará en especie, principalmente mediante la compra anticipada de transformadores.
La intención es adelantar la adquisición de estos equipos, que tienen largos tiempos de fabricación, sin esperar a que concluya el proceso licitatorio. De esa manera, el Gobierno pretende reducir los plazos generales de ejecución.
Los recursos no saldrán directamente del Tesoro nacional. Provendrán de la Cuenta de Exportaciones de Cammesa, integrada por los ingresos netos generados por las ventas de electricidad de la Argentina a países vecinos.
Además, el proyecto prevé una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), actualmente en proceso de estructuración y estimada en unos US$200 millones. El adjudicatario también tendrá la posibilidad de solicitar la incorporación de la inversión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
UNA RED BAJO PRESIÓN POR EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA
La obra busca responder a uno de los principales problemas estructurales del sistema eléctrico en la región metropolitana: el crecimiento del consumo no fue acompañado en la misma proporción por inversiones en las redes de alta tensión.
Según datos oficiales, durante la última década el consumo residencial aumentó alrededor de un 20%, mientras que la extensión de las líneas de transporte de alta tensión creció aproximadamente un 8%.
La brecha fue generando cuellos de botella que elevan el riesgo de interrupciones, especialmente durante jornadas de temperaturas extremas y elevada demanda.
AMBA I prevé construir alrededor de 270 kilómetros de líneas en 500 kV, 220 kV y 132 kV. También incluye una nueva estación transformadora en Plomer, sistemas de compensación reactiva y obras complementarias destinadas a vincular la infraestructura con las distribuidoras.
Con esas incorporaciones, la capacidad de abastecimiento de la región aumentaría en unos 2.000 MW.
LA OBRA RECIÉN COMENZARÍA A OPERAR HACIA 2030
Los beneficios sobre la red eléctrica no serán inmediatos. El cronograma establece que la presentación y apertura del primer sobre de la licitación, correspondiente a la evaluación técnica y financiera, se realice dentro de 120 días, hacia la primera mitad de diciembre.
Posteriormente se analizarán los oferentes y se abrirán las propuestas económicas. El Gobierno espera adjudicar el proyecto durante los primeros meses de 2027 y luego firmar el contrato de concesión.
A partir del inicio de los trabajos, la primera habilitación comercial está proyectada para aproximadamente 42 meses después. Si los tiempos se cumplen, una parte de la infraestructura podría comenzar a funcionar hacia fines de 2030 o comienzos de 2031.
El contrato establecerá, en tanto, un plazo máximo cercano a los 52 meses para completar la totalidad de las obras.
EL PRIMER ENSAYO DE UN PLAN POR MÁS DE US$6.600 MILLONES
AMBA I tendrá además un papel clave para la estrategia energética que busca implementar el Gobierno, ya que será la primera experiencia de un nuevo modelo destinado a financiar grandes ampliaciones de la red con participación privada.
El proyecto integra un paquete de 16 obras consideradas prioritarias para el transporte eléctrico nacional. En conjunto, las inversiones previstas superarían los US$6.600 millones e incluirían aproximadamente 5.610 kilómetros de nuevas líneas de 500 kV.
El desempeño de esta primera licitación será seguido de cerca porque funcionará como antecedente para los otros 15 proyectos. La apuesta oficial consiste en atraer capital privado para recuperar inversiones demoradas en la red eléctrica, con mecanismos destinados a reducir el riesgo financiero y sin recurrir directamente al presupuesto nacional, aunque parte de los costos terminará siendo reconocida por los usuarios a través de las tarifas.
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