La crisis de salud mental que afecta en los últimos años a niños y adolescentes suma una problemática que permanece fuera de los cálculos habituales de la crianza: quién paga los tratamientos cuando el sistema público no consigue dar respuesta y el costo termina recayendo sobre las familias.
En La Plata, un relevamiento realizado por FundPlata sobre familias monoparentales encontró que sólo el 27% de los progenitores asume los gastos de las terapias de salud mental de sus hijos y que una de cada dos madres se endeuda para afrontar el pago de tratamientos, cuyo costo no está contemplados en las cuotas alimentarias.
A partir de estos datos, FundPlata reclama que el Índice Crianza incorpore de manera específica el costo de las terapias vinculadas con la salud mental, de modo que deje de ser considerado exclusivamente un gasto extraordinario para ser reconocido como parte de las necesidades permanentes de crianza.
La propuesta adquiere relevancia en un contexto en el que la demanda de atención viene creciendo y el sistema de salud se encuentra desbordado. La consecuencia, según el informe, es que muchas familias deben recurrir a profesionales particulares para conseguir una atención que no puede esperar meses por un turno.
“Nos encontramos con un panorama crudo, donde el sistema de salud está desbordado y no está pudiendo dar respuesta en el caso de adultos, pero tampoco de los menores”, cuenta la abogada Mariana Ormaechea desde FundPlata al señalar que debido a ello muchas familias terminan asumiendo el alto costo de recurrir a profesionales que atienden en forma privada.
DEMANDA CRECIENTE
El acceso a la salud mental, aseguran desde la organización civil, dejó de constituir una necesidad excepcional para buena parte de las familias con niños y adolescentes. Entre las demandas aparecen las terapias psicológicas y psiquiátricas, los acompañamientos psicopedagógicos y los tratamientos relacionados con trastornos de ansiedad y de la conducta alimentaria.
El escenario también queda reflejado en los datos sobre adolescentes del Gran La Plata incluidos en el trabajo: el 17,2% de los escolarizados presenta indicadores de riesgo clínico asociados a ansiedad, estrés y malestar subjetivo. Pero la necesidad de atención no siempre se traduce en acceso. Según el mismo relevamiento, el 43,7% de los jóvenes en situación de riesgo no accede a ningún dispositivo, y la principal barrera identificada es la imposibilidad económica.
A nivel nacional, el informe incorpora además las cifras de suicidio: en 2024 se registraron 4.249 casos, mientras que las situaciones críticas aparecen a edades cada vez más tempranas, incluso entre niños y niñas de 9 y 10 años.
El cuadro plantea así un doble problema. Por un lado, una demanda de atención que crece; por otro, un sistema que no siempre consigue absorberla y familias que deben buscar respuestas en el ámbito privado.
“Si bien hoy existe el Índice Crianza que incluye gastos en salud, hay que tener en cuenta que estos costos de terapias representan un gasto extraordinario por el monto y por la periodicidad”, señaló Ormaechea.
El problema se vuelve mayor cuando el progenitor no conviviente no asume voluntariamente el costo. En esos casos, la madre puede verse obligada a reclamar judicialmente el aporte correspondiente, con trámites que dificultan la continuidad de los tratamientos.
“Para que el progenitor no conviviente abone parte del costo, si no lo hace de manera voluntaria, hay que recurrir a una demanda judicial, lo que es sumamente engorroso”, agregó la representante de FundPlata.
Los resultados del relevamiento muestran las consecuencias económicas de esa situación: una de cada dos madres consultadas se endeuda para poder sostener estos tratamientos. Y más del 70% asegura destinar costos muy elevados a una atención que no queda reflejada en las cuotas alimentarias.
Es frente a este escenario que la entidad busca que el gasto no quede librado a la capacidad económica de una sola familia ni dependa de una nueva batalla judicial cada vez que aparece una necesidad terapéutica. La intención es que la salud mental sea reconocida como un componente concreto del costo de crianza y que su financiamiento sea una responsabilidad compartida.
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