El 15 de enero de 1999, la colisión de dos buques frente a la costa de Magdalena provocó el mayor derrame de petróleo en agua dulce que se haya registrado en el mundo hasta hoy: 5,4 millones de litros de crudo terminaron dañando más de treinta kilómetros de playas, humedales y arroyos. A veintisiete años de aquel desastre que nunca fue remediado ni tuvo una indemnización, quien impulsó la salida política al conflicto admite ahora que cometió un error “engañado” por la empresa Shell.
En una entrevista con el medio Data Magdalena, el exintendente Fernando Carballo, quien en 2009 encabezó un acuerdo con la petrolera que contemplaba el pago de 9,5 millones de dólares y asistencia para proyectos de desarrollo local a cambio de que el Municipio desistiera de sus acciones judiciales, hizo una dura autocrítica a aquella decisión.
“Nos mintió, nos operó por atrás en la Justicia con mucho poder de Shell. Ellos nunca quisieron reconocer el daño ambiental”, afirmó Carballo en referencia a Juan José Aranguren, por entonces presidente de la petrolera en el país. Al ser consultado luego sobre si volvería a impulsar un plebiscito para resolver el conflicto, dijo que no: “tendríamos que haber seguido reclamando todo”, reconoció el ex jefe comunal.
Convocada por el Municipio en mayo de 2009 para otorgarle licencia social a un pacto controvertido, aquella consulta popular fue desde un primer momento objeto de cuestionamientos. Y que más allá de que la información oficial difundida para el plebiscito era tendenciosa (detallaba el dinero y los proyectos ofrecidos, pero no explicitaba que el acuerdo suponía abandonar las demandas judiciales), la aprobación a la medida se obtuvo con la participación de apenas el 25% de los 12 mill vecinos habilitados para votar.
Y es que ya por entonces, mientras la administración de Carballo avanzaba en un acuerdo con Shell, científicos, organizaciones ambientalistas y abogados advertían a los habitantes de Magdalena sobre las serias consecuencias que éste iba a acarrear. Mientras una investigación realizada por especialistas argentinos y uruguayos mostraba que diez años después del derrame persistían señales del impacto en el ecosistema costero, algunos vecinos se presentaban a la justicia para cuestionar que un derecho colectivo, como el de vivir en un ambiente sano, pudiera quedar sujeto a una negociación entre una empresa y el gobierno municipal.
”UN CHANTA MENTIROSO”
En su revisión de aquella etapa, Carballo apuntó en particular contra Aranguren, entonces presidente de Shell Argentina y luego ministro de Energía y Minería durante el gobierno de Mauricio Macri. “Parecía que tenía interés en resolver el conflicto de Magdalena; parecía que estaba convencido en aquel momento de ayudarnos en construir un parque industrial, en el tratamiento de la basura y en alguna radicación de industria. La verdad que fue, con el diario de hoy, un chanta mentiroso.”, afirmó en la entrevista radial.
Lo cierto es que las condiciones que hoy cuestiona Carballo estaban expresadas en el convenio que su propia gestión firmó: la empresa no reconocía responsabilidad, el Municipio abandonaba sus acciones judiciales y el pago quedaba sujeto a la homologación de la Justicia, algo que nunca llegó.
Para referentes de organizaciones ambientalistas como Ala Plástica, el costo de aquella decisión fue más allá del dinero que nunca se cobró: también se perdió la posibilidad de profundizar una investigación y un reclamo con proyección nacional e internacional.
ROTUNDO CAMBIO DE RUMBO
La historia judicial había comenzado sin embargo de otra manera. Durante la gestión del intendente Oscar Sibetti, el Municipio había demandado a la petrolera y obtenido en 2002 un fallo favorable del Juzgado Federal N° 4 de La Plata, que ordenaba medidas de recomposición ambiental valuadas en unos 35 millones de dólares. Si bien esta decisión fue en principio confirmada, en 2007 la Corte Suprema resolvió que la causa debía tramitar ante la Justicia Federal porteña, lo que dejó sin efecto su validez.
Tras más de una década sin avances, el 30 de diciembre del año pasado el juez federal Juan Rafael Stinco rechazó homologar el convenio de 2009. Entre sus cuestionamientos, señaló que no había una evaluación técnica o económica objetiva que permitiera vincular los 9,5 millones de dólares con la magnitud del daño y los costos de recomposición. Aunque el fallo no fijó una nueva indemnización ni condenó a la empresa a pagar una suma determinada, impidió que el caso se cerrara en los términos acordados.
Es así que la disputa continúa hoy. Tanto la petrolera como su aseguradora y la Municipalidad de Magdalena apelaron la resolución, por lo que la Cámara deberá revisar ahora el rechazo. Mientras la compañía sostiene que el ambiente está recompuesto y que no quedan obligaciones pendientes, el gobierno local sostiene su intención de cobrar una indemnización acorde a la magnitud del desastre ambiental que sufrió.
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