El Colegio de Odontólogos bonaerense profundizó sus estrategias contra el ejercicio ilegal de la profesión, una práctica que constituye no sólo una infracción a las normas vigentes sino también un problema de salud pública. El esquema contempla la recepción de denuncias, investigaciones, controles en territorio y, cuando se detectan irregularidades, actuaciones administrativas y judiciales.
La iniciativa es coordinada por el Consejo Superior del Colegio junto con los diez distritos de la institución e incluye un trabajo conjunto con la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense a partir del convenio firmado con el procurador general, Julio Marcelo Conte-Grand. El acuerdo contempla acciones para fortalecer la prevención, detección y denuncia del ejercicio ilegal, además del desarrollo de un protocolo para presentar los casos ante el Ministerio Público Fiscal.
A esto se suma la capacitación de dirigentes de la profesión junto con la Procuración, como parte de un esquema que busca mejorar la intervención institucional frente a este tipo de situaciones. Según el Colegio, las denuncias de profesionales y particulares constituyen el punto de partida para poner en marcha las investigaciones y fiscalizaciones.
La preocupación de la entidad está vinculada especialmente con las personas que ofrecen tratamientos odontológicos sin contar con formación, habilitación ni matrícula. El fenómeno incluye ofertas de supuestos tratamientos a bajo costo y propuestas difundidas a través de redes sociales y publicidad informal.
“El ejercicio ilegal de la odontología constituye también un riesgo para la salud de quienes se someten a tratamientos realizados por personas que no cuentan con la formación, habilitación ni matrícula correspondientes”, expresaron desde el Colegio.
En los últimos meses, los controles derivaron en procedimientos en distintos puntos de la Provincia, con clausuras y denuncias penales. Entre ellos se registraron intervenciones en Lanús Este, Almirante Brown y Villa Domínico, mientras que en Ingeniero Budge, durante mayo de 2025, un operativo conjunto terminó con cinco establecimientos clausurados.
Frente a este escenario, el Colegio recomendó a los pacientes verificar la matrícula del profesional antes de comenzar cualquier tratamiento y utilizar los canales oficiales para denunciar situaciones sospechosas. “La información aportada por la comunidad resulta clave para que los Distritos puedan iniciar las tareas de investigación, fiscalizar los establecimientos y reunir los elementos necesarios para avanzar institucionalmente”, señalaron desde la Mesa Directiva.
Esta versión desplaza los casos hacia la segunda mitad y hace que el eje sea **la estrategia de control, el acuerdo con la Procuración y el riesgo sanitario**.
SUSCRIBITE a esta promo especial