El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) solicitaron a la Justicia Federal la suspensión de las obras del proyecto petrolero León Marino que desarrolla un consorcio británico-israelí a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
La acción preventiva de daño ambiental colectivo fue presentada en las últimas horas ante el Juzgado Federal de Río Grande, con competencia sobre Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Según explicaron las organizaciones, el proyecto avanza sin que las empresas hayan realizado ante el Estado argentino las presentaciones obligatorias para explorar o explotar hidrocarburos ni hayan iniciado un procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
El planteo apunta contra Rockhopper Exploration, de origen británico, y Navitas Petroleum Development, de origen israelí. Ambas empresas avanzan en la Cuenca Malvinas Norte, donde proyectan comenzar la perforación a comienzos de 2027 y obtener la primera extracción durante el primer semestre de 2028.
La presentación sostiene que el emprendimiento no sólo representa una amenaza ambiental. También implica una modificación unilateral sobre un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa, en contradicción con la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas.
UN PROYECTO DE GRAN ESCALA
Las dos primeras etapas de León Marino contemplan la construcción de 23 pozos submarinos: 16 productores, seis destinados a la inyección de agua y uno de gas. El desarrollo incluye además cañerías, equipos instalados sobre el lecho marino y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga.
El emprendimiento también contempla obras en tierra. El centro logístico se ubicaría en Puerto Argentino, donde se prevén ampliaciones portuarias, depósitos, viviendas y plantas destinadas al manejo de combustibles, químicos y lodos de perforación.
De acuerdo con el comunicado del CECIM, durante 2026 comenzaron las obras sobre el muelle y la base terrestre, mientras las compañías avanzaron en la fabricación de equipos y en la adaptación de la unidad flotante que operaría en el yacimiento. Rockhopper informó públicamente sobre el inicio de estos trabajos.
El reclamo también cuestiona las licencias otorgadas por la administración británica. Según el CECIM, esas autorizaciones no reemplazan las leyes argentinas ni habilitan legítimamente la disposición de los bienes naturales de la plataforma continental argentina.
La medida cautelar solicita que se suspendan las obras, las perforaciones y los movimientos del lecho marino. También reclama impedir nuevos contratos, desembolsos, transferencias o garantías destinados al proyecto.
Además, las organizaciones pidieron que se informe la causa a los organismos de control financiero y a los mercados donde operan las compañías, y que las empresas identifiquen a los bancos, fondos, aseguradoras y otros actores que sostienen la explotación.
El planteo incluye también que las licencias otorgadas por la administración colonial británica sean declaradas inoponibles a la República Argentina. La demanda sostiene que esas autorizaciones no pueden sustituir la evaluación ambiental, la participación ciudadana ni los permisos exigidos por la legislación argentina.
Desde el CECIM señalaron que la intervención judicial debe producirse antes de que el daño se concrete. En ese sentido, remarcaron que un eventual derrame puede provocar consecuencias en gran parte irreversibles y que el comienzo de una explotación proyectada durante décadas podría consolidar un hecho sobre un territorio cuya soberanía permanece en disputa.
La presentación retoma, además, el antecedente de una acción impulsada por AAdeAA en 2022 contra la exploración petrolera offshore frente a Mar del Plata. Según el comunicado, aquella causa obtuvo una medida cautelar y abrió un precedente sobre impactos acumulativos.
Para las organizaciones, el proyecto León Marino también entra en conflicto con la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en 1976 instó a Argentina y al Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales mientras permanezca abierta la controversia por la soberanía.
SUSCRIBITE a esta promo especial