El Gobierno nacional dispuso una profunda modificación del esquema de provisión de medicamentos esenciales para la atención primaria de la salud. Mediante la Resolución 1447/2026, publicada este jueves 15 de octubre en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, derogó el listado de 128 medicamentos establecido en 2021 y lo reemplazó por una nómina de apenas seis principios activos, todos vinculados con la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares.
La decisión modifica el marco de referencia nacional asociado al histórico Plan Remediar, creado en 2002 para garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales en centros de salud públicos de todo el país. La reducción del listado alcanza el 95,3% de sus componentes y deja fuera numerosos tratamientos utilizados por pacientes con enfermedades crónicas, infecciones y afecciones frecuentes, aunque la resolución no implica por sí misma la eliminación administrativa del programa ni la suspensión automática de todas las entregas.
La medida fue cuestionada por el médico sanitarista Oscar Atienza, quien advirtió públicamente sobre la reducción del vademécum. “El gobierno de Milei recorta de 128 fármacos a 6”, señaló en sus redes sociales, donde enumeró los medicamentos que permanecen y cuestionó la exclusión de tratamientos como levotiroxina, anticonceptivos, metformina, amoxicilina, salbutamol, fluconazol y loratadina.
El nuevo listado nacional está integrado exclusivamente por ácido acetilsalicílico, conocido como aspirina y utilizado como antiagregante plaquetario en determinados pacientes; atorvastatina y rosuvastatina, indicadas para reducir el colesterol y el riesgo cardiovascular; candesartán y ramipril, empleados en el tratamiento de la hipertensión; e hidroclorotiazida, un diurético también utilizado para controlar la presión arterial.
La reformulación deja fuera de esta nómina nacional a medicamentos destinados a patologías de elevada prevalencia. Entre ellos aparecen la metformina, utilizada para tratar la diabetes tipo 2; la levotiroxina, necesaria para pacientes con hipotiroidismo; el salbutamol, empleado para aliviar episodios de broncoespasmo; y la amoxicilina, uno de los antibióticos más utilizados contra infecciones bacterianas.
También quedan excluidos de la nueva lista los anticonceptivos, el fluconazol para determinadas infecciones por hongos, la loratadina para cuadros alérgicos y numerosos analgésicos, antipiréticos, corticoides, anticonvulsivantes y suplementos de hierro utilizados en el tratamiento de la anemia.
La diferencia es particularmente significativa porque el programa había sido concebido para abastecer a los centros de atención primaria con medicamentos destinados a resolver problemas frecuentes de salud, especialmente entre personas sin obra social ni cobertura privada.
Qué enfermedades quedan fuera del nuevo listado nacional
La diabetes constituye uno de los casos más relevantes. La metformina, uno de los tratamientos farmacológicos más utilizados para controlar la glucemia en personas con diabetes tipo 2, ya no integra la nueva nómina nacional. Su provisión gratuita dependerá de otros programas públicos, de los sistemas provinciales de salud o de los mecanismos de cobertura correspondientes a cada paciente.
Una situación similar se presenta con el hipotiroidismo. La levotiroxina, que permite reemplazar la hormona tiroidea en pacientes que no la producen en cantidades suficientes, tampoco figura entre los seis medicamentos seleccionados. Se trata de un tratamiento que habitualmente requiere administración diaria y seguimiento médico durante períodos prolongados.
En el caso de las enfermedades respiratorias, la exclusión del salbutamol genera interrogantes sobre el abastecimiento de broncodilatadores para pacientes con asma y otras afecciones que pueden provocar dificultades respiratorias. La disponibilidad de estos medicamentos resulta especialmente importante en centros de salud que atienden consultas de urgencia y realizan controles de enfermedades crónicas.
La reducción también alcanza a medicamentos utilizados para resolver problemas agudos. La amoxicilina y otros antibióticos, los tratamientos para infecciones por hongos, los antialérgicos y distintos analgésicos dejan de formar parte del nuevo listado nacional de referencia, por lo que su adquisición y distribución deberán sostenerse mediante otras vías de abastecimiento.
En materia de salud sexual y reproductiva, los anticonceptivos tampoco aparecen en la nueva nómina. Sin embargo, su exclusión de este instrumento no significa necesariamente que se interrumpa su distribución mediante programas específicos de salud sexual, cuya continuidad debe analizarse por separado.
Algo semejante ocurre con los tratamientos psiquiátricos y neurológicos. Ningún antidepresivo, ansiolítico, antipsicótico o anticonvulsivante integra los seis principios activos seleccionados. La atención de estos pacientes depende de otros circuitos de provisión, entre ellos hospitales públicos, programas especializados y sistemas provinciales.
Por otra parte, los medicamentos oncológicos no formaban parte del núcleo principal de distribución del Plan Remediar, dado que históricamente se gestionan mediante mecanismos específicos de cobertura de alta complejidad. Por lo tanto, la nueva resolución no elimina directamente esos tratamientos, aunque persisten interrogantes sobre los presupuestos y los tiempos de entrega de los distintos programas públicos.
El argumento oficial
El Ministerio de Salud fundamentó la modificación en la necesidad de priorizar la prevención y el tratamiento de las enfermedades vasculares, consideradas una de las principales causas de mortalidad en Argentina.
La decisión se vincula con la creación del Plan Nacional de Abordaje Integral de Salud Vascular 2026-2030, aprobado mediante la Resolución 1445/2026, que busca orientar las políticas sanitarias hacia la detección temprana, el control de factores de riesgo y la prevención de complicaciones cardiovasculares.
Según los fundamentos oficiales, las enfermedades vasculares explican aproximadamente entre el 28% y el 32% de las muertes registradas en el país. La hipertensión arterial, por su parte, afecta a una proporción considerable de la población adulta y constituye uno de los principales factores de riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones.
La cartera sanitaria sostiene que la nueva selección responde a criterios de eficacia, seguridad, disponibilidad, costo-efectividad y evidencia científica. Bajo ese enfoque, el Estado nacional concentrará el listado de referencia para las compras centralizadas en medicamentos destinados a reducir el riesgo cardiovascular.
Sin embargo, la modificación plantea interrogantes sobre la continuidad del abastecimiento de tratamientos para otras enfermedades frecuentes, especialmente entre quienes dependen exclusivamente de la atención pública y no cuentan con recursos para comprar medicamentos en farmacias.
Un aspecto central es que la resolución establece un listado orientativo para la adquisición y provisión nacional, pero no prohíbe que las provincias, los municipios o los hospitales continúen comprando y entregando los medicamentos excluidos. La disponibilidad efectiva dependerá de las partidas presupuestarias, los programas existentes y la capacidad de distribución de cada jurisdicción.
Presión para las provincias
La reestructuración modifica la relación entre el financiamiento nacional y las responsabilidades sanitarias provinciales. Durante más de dos décadas, Remediar funcionó como un mecanismo de compra y distribución de medicamentos destinados a miles de centros de atención primaria, permitiendo que personas sin cobertura accedieran gratuitamente a tratamientos frecuentes.
Con la nueva nómina, la provisión de los medicamentos excluidos dependerá de la continuidad de otros programas nacionales, de las compras provinciales y de los recursos disponibles en cada distrito. Esto puede generar diferencias territoriales en el acceso, especialmente entre jurisdicciones con distinta capacidad presupuestaria.
En la provincia de Buenos Aires, el cambio abre interrogantes sobre el abastecimiento de los centros de atención primaria de La Plata, Berisso y Ensenada, donde numerosos pacientes concurren para recibir controles médicos, recetas y medicamentos gratuitos.
La cuestión central será determinar si el Ministerio de Salud bonaerense podrá compensar mediante sus propios mecanismos de adquisición la reducción del listado nacional y garantizar que los tratamientos crónicos no sufran interrupciones.
En el caso de La Plata, también deberá establecerse cómo impactará la modificación en los centros de atención primaria municipales y en la articulación con los hospitales provinciales. Hasta el momento, no se dispone de cifras verificadas sobre cuántos pacientes del Gran La Plata podrían verse afectados ni sobre la cantidad de botiquines que dejarían de recibirse como consecuencia directa de la nueva resolución.
Fuertes recortes presupuestarios
La modificación del vademécum se produce después de varios años de reducción de los recursos destinados al Plan Remediar.
De acuerdo con un relevamiento publicado por Chequeado, el presupuesto del programa registró una caída real del 72% en comparación con 2023, mientras que la cantidad de tratamientos distribuidos disminuyó un 52% entre 2022 y 2025.
La reducción presupuestaria constituye un antecedente importante porque muestra que la modificación del listado se produce después de una disminución de los recursos y de la cantidad de tratamientos entregados. No obstante, corresponde distinguir entre la reducción de la nómina normativa, el presupuesto asignado y la distribución efectiva de medicamentos, ya que son indicadores diferentes.
Durante 2026 también se habían informado reducciones progresivas del conjunto de medicamentos adquiridos y distribuidos mediante el programa. La nueva resolución formaliza una selección de seis principios activos cardiovasculares como referencia nacional.
El impacto sanitario dependerá de la continuidad de los mecanismos alternativos de abastecimiento y de la posibilidad de que los pacientes mantengan sus tratamientos sin interrupciones.
Cuánto podrían gastar los pacientes que pierdan el acceso gratuito
La reducción del listado también plantea un problema económico para los hogares que no cuentan con obra social ni prepaga y que hasta ahora obtenían determinados medicamentos sin costo en centros de salud públicos.
Según precios orientativos de farmacia recopilados para octubre de 2026, un tratamiento mensual con metformina puede representar un desembolso de entre $15.000 y $25.000, dependiendo de la dosis, la presentación comercial y el laboratorio. En el caso de la levotiroxina, el gasto estimado se ubica entre $15.000 y $24.000 mensuales.
Para una persona que necesita ambos tratamientos, la compra de esos medicamentos podría representar entre $30.000 y $49.000 por mes, siempre que no disponga de otra cobertura gratuita o con descuentos. Se trata de una simulación basada en valores orientativos, no de un gasto confirmado para todos los pacientes.
Los inhaladores de salbutamol, utilizados en determinados tratamientos respiratorios, presentan precios estimados de entre $12.000 y $18.000 por unidad. En tanto, un tratamiento con amoxicilina puede costar aproximadamente entre $5.000 y $15.000, según la presentación y la duración indicada por el profesional.
Estas cifras permiten dimensionar el posible impacto económico de una interrupción de la provisión gratuita, aunque los valores deben considerarse estimaciones sujetas a cambios y no precios uniformes para todas las farmacias.
El efecto podría ser especialmente significativo en hogares donde conviven personas con distintas enfermedades crónicas o que necesitan adquirir varios medicamentos simultáneamente.
La situación se produce, además, en un contexto de aumento del gasto sanitario de bolsillo. Según relevamientos difundidos sobre hogares con adultos mayores, la proporción de familias que debieron resignar atención médica o medicamentos por motivos económicos pasó del 25,8% en 2022-2023 al 35,2% en 2024-2025.
Medicamentos más caros y mayor presión sobre los ingresos
El encarecimiento de los tratamientos constituye otro componente del problema. Durante septiembre de 2026, los precios de los medicamentos registraron un aumento cercano al 2,4%, por encima de la inflación general del 1,9% informada para ese mes, según relevamientos sectoriales difundidos por medios económicos.
Entre junio y septiembre, las subas acumuladas del sector farmacéutico también superaron las del índice general de precios, con incrementos estimados del 7,12% frente al 5,81% del IPC.
Aunque durante algunos períodos los medicamentos aumentaron por debajo de la inflación, el gasto de bolsillo depende también de los ingresos familiares, los descuentos disponibles y la cantidad de tratamientos necesarios.
Por eso, una eventual pérdida de acceso gratuito puede tener consecuencias económicas incluso cuando los precios de los medicamentos aumentan a un ritmo similar o inferior al índice general.
Para los pacientes con cobertura de PAMI, obras sociales o empresas de medicina prepaga, la situación es diferente, ya que existen mecanismos específicos de provisión, descuentos y cobertura de medicamentos que no dependen directamente del nuevo listado nacional.
En el caso de PAMI, continúan existiendo esquemas de cobertura integral para determinadas patologías y mecanismos de subsidio social para afiliados que cumplen los requisitos establecidos. La modificación del listado de Remediar no implica automáticamente la eliminación de esos beneficios.
Qué puede pasar con el Plan Remediar y los centros de salud
La resolución publicada este jueves no dispone expresamente la eliminación administrativa del Plan Remediar, pero modifica sustancialmente el listado nacional de medicamentos esenciales que funcionaba como referencia para la atención primaria.
La diferencia entre ambos conceptos es importante: una cosa es reducir el vademécum oficial y otra determinar cuántos medicamentos dejarán efectivamente de llegar a los centros de salud, cuáles continuarán distribuyéndose mediante otros programas y cuántos pacientes deberán comprarlos por su cuenta.
El alcance real de la medida dependerá de las compras nacionales pendientes, las existencias disponibles, los convenios con las provincias y la capacidad de los sistemas sanitarios locales para sostener el abastecimiento.
En ese escenario, el principal interrogante para los centros de atención primaria de La Plata, Berisso y Ensenada será si podrán seguir entregando gratuitamente medicamentos utilizados para diabetes, hipotiroidismo, enfermedades respiratorias, infecciones y otras patologías habituales.
La reducción de 128 a seis componentes del listado nacional ya quedó establecida mediante una resolución oficial. Lo que resta determinar es cómo se traducirá esa decisión en las farmacias hospitalarias, los botiquines de los centros de salud y el presupuesto de las familias que dependen del sistema público para continuar sus tratamientos.
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