La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires puso en marcha una campaña de concientización dirigida a los conductores para informarles sobre sus derechos a la hora de renovar la licencia de conducir. En este marco, el organismo emitió una fuerte advertencia: los municipios no pueden impedir la realización del trámite alegando la existencia de multas de tránsito que aún no cuentan con una sentencia firme.
Según explicaron desde la entidad provincial, el proceso legal establece que una infracción no adquiere firmeza por el simple hecho de que un agente de tránsito o una cámara emitan el acta correspondiente. Para alcanzar esa instancia, la sanción primero debe ser notificada debidamente al presunto infractor, quien a su vez posee el pleno derecho de presentar un descargo. Recién después de ese paso, el Juzgado de Faltas interviniente debe evaluar el caso particular y dictar una sentencia definitiva.
Por este motivo, las multas que se encuentran en pleno trámite de resolución no pueden ser utilizadas como un argumento válido por las dependencias municipales para trabar la renovación del carnet. Por el contrario, aclararon que aquellas sanciones que ya completaron el circuito legal y cuentan con una condena firme sí son exigibles y deben ser abonadas obligatoriamente para poder avanzar con la gestión.
Esta postura y recomendación por parte de la Defensoría no es nueva, sino que forma parte de un reclamo sostenido en el tiempo. El organismo ya había planteado esta misma situación en resoluciones anteriores y durante el año 2023 reiteró formalmente su pedido para que se garantice la renovación de las licencias cuando las infracciones se encuentren en proceso de apelación o sin resolución del juez.
Para aquellos casos en los que la dependencia de tránsito decida rechazar la renovación escudándose en infracciones no resueltas, la Defensoría del Pueblo remarcó que los municipios tienen la obligación de entregar por escrito los fundamentos y los motivos de dicha negativa.
Una vez que el conductor obtenga ese documento oficial, puede recurrir directamente al organismo provincial, donde recibirá el asesoramiento gratuito necesario y podrá acceder a un modelo de descargo formal para presentar ante las autoridades locales con el objetivo de hacer valer sus derechos y destrabar la obtención de su registro.
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