Un vacío en la aplicación de la legislación sobre fertilidad asistida dejó a una beba sin DNI durante más de un mes y sin acceso a derechos básicos como la cobertura médica y la posibilidad de ser incorporada a una obra social. El caso expuso las dificultades que pueden surgir cuando un proyecto de maternidad compartido se interrumpe durante el embarazo y una de las partes se niega a completar la documentación exigida para la inscripción del nacimiento.
Natalí Perino, docente y artista visual, es quien inició un tratamiento de fertilidad junto a su entonces pareja después de varios años de búsqueda. Ambas habían firmado los consentimientos previos exigidos por la ley para acceder a un procedimiento de alta complejidad, pero la ruptura de la relación durante la gestación desencadenó un conflicto judicial que aún continúa.
Perino explicó a Infobae que el proyecto de maternidad había sido planificado durante años. “Hicimos varios tratamientos, estuvimos varios años en pareja, viviendo juntas y demás. Luego de hacer inseminaciones, que ninguna dio positiva, pasamos a alta complejidad in vitro”, relató.
Como establece el procedimiento, ambas firmaron los consentimientos que determinan la voluntad procreacional antes de la concepción. “Uno firma los consentimientos siempre”, señaló.
El embarazo fue celebrado por la pareja, pero la situación cambió de manera inesperada cuando transcurrían dos meses de gestación. “Se festeja el embarazo, como también lloramos los negativos, también se festeja el positivo”, recordó. Sin embargo, poco después llegó la separación. “Nos separamos, de una manera muy abrupta. Previo a ello habíamos visto para comprar un cochecito, ocho horas antes de la situación”, contó.
Tras la ruptura, la expareja decidió no continuar con el proyecto familiar y se negó a completar la documentación necesaria para inscribir a la bebé.
Según explicó Perino, la normativa vigente exige presentar en el Registro Civil el consentimiento firmado por ambas partes que emitió la clínica de fertilidad. “Cuando vos vas a hacer la inscripción en el registro civil, tenés que llevar el papel de la clínica, el tratamiento del consentimiento de ambas partes”, indicó.
Esa negativa provocó que Floriane permaneciera durante un mes y medio sin DNI y sin poder acceder a distintos derechos.
“Yo estuve un mes y medio sin nada que diga que era mi hija”, afirmó. Además, agregó: “Es más, obra social ni prepaga tampoco. Y yo tampoco podía tomarme la licencia por maternidad, porque en ningún lado figuraba”.
Ante esa situación, inició una acción de amparo junto a sus abogadas para lograr la inscripción.
“Arrancamos con mis abogadas un amparo y pude inscribirla luego de mes y medio”, explicó. De todos modos, aclaró que la partida de nacimiento aún permanece incompleta. “Tengo una partida que está incompleta, que le falta un anexo”.
La docente sostuvo que el conflicto tuvo consecuencias tanto emocionales como físicas durante el embarazo.
“Fue terrible. Tengo una hermosa red de familia y amigos que me llamaban todos los días para ver si yo había desayunado, si dormí, si no dormí, si comí, si no comí. Mi obstetra también, que fue el gran sostén”, recordó.
También reveló que sufrió complicaciones de salud. “El día que me llegué a sacar documento yo tuve un pico de presión. Terminé en observación, terminó siendo un embarazo de riesgo”, explicó.
Actualmente mantiene abiertas dos acciones judiciales con el objetivo de completar la documentación de su hija y que quede asentado que nació mediante un tratamiento de fertilidad asistida.
“Mi hija tiene derecho a la identidad. Es superimportante que en su partida figure que es hija nacida por tratamiento de fertilidad asistida”, sostuvo.
Además, detalló: “Tenemos dos causas. Tenemos la causa para judicializar esto, el tema del protocolo informado y el amparo, que está en dos lugares diferentes”.
El objetivo es que se incorpore el anexo correspondiente a la partida de nacimiento. “Necesitamos que se agregue el anexo donde diga que mi hija fue hija de tratamiento de fertilidad asistida”, afirmó.
Finalmente, Perino consideró que el problema no radica en la ley sino en su aplicación. “La ley está muy bien hecha, el problema es que nadie la hizo valer ni cumplir”, concluyó.
SUSCRIBITE a esta promo especial