Pagar una multa Provincial de tránsito o presentar un descargo puede convertirse en una carrera de obstáculos. Según quejas planteadas por conductores, a las dificultades en la plataforma virtual del Juzgado Administrativo de Infracciones (situado en calle 7 entre 42 y 43) se le suma una especie de colapso de la actividad presencial, con largas filas de personas en busca de certezas sobre cómo regularizar sus deudas.
“El tema acá es que uno quiere pagar y no hay forma”, relató a este diario un platense que intentó hacer el trámite en auxilio de un automovilista de Lomas de Zamora. Según explicó, la vía virtual se encuentra paralizada y al acudir a la sede central le informaron que no había turnos disponibles, una respuesta idéntica a la que figuraba en la pantalla al ingresar al sitio web oficial.
Una fuente del área de tránsito reconoció que existen dificultades operativas. Por ejemplo, una falla en el sistema: al seleccionar la opción de género de la persona que hace el trámite, se frenaba la carga del descargo a distancia en los últimos días.
Por otro, por la saturación de la atención presencial. “Estamos viendo un aluvión de multas y cuesta atender a todo el mundo”, indicó. Según pudo saberse, se dan alrededor de 120 turnos por día, a razón de uno cada seis minutos.
Ante la consulta de este diario, desde el Ministerio de Transporte Provincial, en cuya órbita está el sistema de control y penalización, se indicó que “actualmente, el Juzgado Provincial se encuentra atendiendo un volumen de trámites superior al habitual, situación que está generando demoras en la asignación de algunos turnos”.
La salida de La Plata del sistema
Según la cartera bonaerense, “esto se produce a partir de la decisión del Municipio de La Plata de gestionar su sistema de infracciones de manera independiente y por fuera del sistema Provincial. Como consecuencia, las actuaciones que requieren intervención de la Provincia se concentran actualmente en el Juzgado Provincial, lo que generó un incremento significativo en la demanda”.
El Ministerio recordó que quienes únicamente necesiten abonar una infracción pueden hacerlo sin necesidad de concurrir al Juzgado. “A través de la web del sistema Provincial pueden consultar las infracciones, descargar los cupones correspondientes y realizar el pago por los medios habilitados”, se indicó.
Según puso saberse también está la opción postal, a través de una carta certificada. Todo se debe resolver en un plazo máximo de 20 días hábiles.
No obstante, se apuntó que buscan en esa cartera “atender el incremento de la demanda y agilizar la asignación de turnos para aquellos trámites que requieren necesariamente la intervención del Juzgado Provincial”.
El juzgado de calle 7 tramita infracciones por fotomulta o actas manuales, por ejemplo, por falta de VTV.
Este escenario genera malhumor entre conductores que ya mastican bronca por los montos de las actas. A fines de agosto, aparecieron multas superiores a los 100.000 pesos por pisar la senda peatonal en una esquina. Según los reclamos, la demarcación se encuentra casi borrada por el desgaste del asfalto, lo que lleva a los automovilistas a pisar la línea sin intención ni visibilidad clara.
Aclaran en el sistema de control que en la Ciudad conviven cámaras de distinto dueño: Provincia y Municipio. Las multas de cada uno, ahora se tramitan ante la Comuna o el Juzgado de calle 7.
El malestar de los automovilistas no se limita al monto de las sanciones o al estado de las calles, sino también a la percepción de que el sistema funciona con un fin recaudatorio antes que de prevención vial. La imposibilidad de efectuar el pago voluntario -que contempla descuentos si se abona en término- o de ejercer el derecho a defensa dentro de los plazos legales empuja a los conductores al reclamo.
A raíz de las quejas, la controversia por el funcionamiento de las cámaras y radares en la Ciudad escaló hasta el Concejo Deliberante platense. Desde la oposición presentaron pedidos de informes para que el Ejecutivo Municipal precise sobre la homologación de las herramientas de fotomultas, la ubicación y los criterios de fiscalización.
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