El sistema de salud privado atraviesa horas decisivas y el impacto repercute con fuerza en la provincia de Buenos Aires y en la Región. En un frontal diagnóstico sobre la fragilidad económica que amenaza con paralizar prestaciones básicas, las principales cámaras que representan a clínicas, sanatorios y centros de diagnóstico privados solicitaron una audiencia con carácter de urgencia al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli.
La nota fue firmada en conjunto por la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA), la Asociación Civil de Actividades Médicas (ACAMI), la Cámara de Prestadores de Salud de la Provincia de Buenos Aires (CAPRESS), la Confederación Médica de la República Argentina (CONFECLISA), la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos con Internación de la Provincia de Buenos Aires (FECLIBA) y SALUD FEDERAL, sumando además la adhesión de más de 30 entidades provinciales.
Brecha arancelaria y asfixia
El reclamo central apunta a la marcada brecha financiera de las instituciones, acentuada en aquellas que brindan servicios a los afiliados del PAMI. Según detallaron en la carta enviada al Ejecutivo nacional, los modelos retributivos acumulan un retraso de 131,96 puntos porcentuales frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Esta brecha arancelaria coloca a los establecimientos en una encrucijada operativa que ya genera serios inconvenientes para afrontar el pago de salarios de los equipos médicos y no médicos, al tiempo que acelera la amenaza de nuevos cierres de clínicas.
El escenario no se limita a un conflicto contable entre partes: el sector privado de la salud sostiene más de 330.000 empleos formales directos y concentra el 51% de los establecimientos con internación en Argentina (1.543 instituciones) y el 56% de las camas disponibles (121.198 plazas).
El deterioro del andamiaje privado no tarda en derramarse sobre la atención pública. Muestra de esta tensión estructural se vive por estas horas en Mar del Plata, donde un importante hospital público se encuentra virtualmente colapsado ante el desborde de la demanda asistencial, la saturación de sus guardias y la imposibilidad de contener la migración de pacientes que pierden cobertura o cuyos centros de cabecera han recortado servicios.
Frente a este panorama, desde las cámaras sectoriales remarcaron que el sistema público carece de la escala necesaria para absorber a la población que hoy atiende el sector privado en caso de un derrumbe generalizado.
Reforma tributaria
Además de plantear la emergencia operativa de PAMI, las entidades buscan exponer ante el Jefe de Gabinete las gestiones que iniciaron este mes de septiembre en la Cámara de Diputados de la Nación. Allí arrimaron una propuesta de reforma tributaria diseñada específicamente para mitigar la presión fiscal sobre las prestaciones de salud, reducir costos de funcionamiento y otorgar mayor competitividad al sector.
Las instituciones empresarias y médicas recalcaron su disposición al diálogo institucional con las autoridades nacionales, al tiempo que instaron a diseñar una política pública integral para evitar una parálisis sanitaria que perjudique la atención médica de millones de personas en todo el territorio nacional.
El sector ya estuvo reunido con autoridades del ministerio de Salud de la Nación y con funcionarios de PAMI. Ahora le pidieron audiencia a uno de los principales ministros del gabinete del presidente Milei ante la agudización de las dificultades que enfrentan las clínicas en el día a día.
Uno de los temas que genera mayor preocupación es la ley de emergencia sanitaria que vence a fines de este año. Plantean las cámaras de las clínicas que de no aprobarse un proyecto que está en el Congreso Nacional y si se cae la ley de emergencia del sector, habrá más posibilidades de cierres de establecimiento de salud del sector privado.
Actualmente, aseguran, ya hay serios inconvenientes para pagar sueldos y proveedores.
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