A partir del proyecto de ley que avanza en la Legislatura bonaerense, en el que se establecen mecanismos para regular el uso de celulares en las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires, desde AIEPA expresaron que “cada institución educativa debe tener autonomía para decidir si prohibe su utilización o establece las condiciones para incorporarlos a su proyecto pedagógico”.
Según explicó el secretario Ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, “el aspecto central es que las escuelas cuenten con respaldo legal y herramientas concretas para hacer cumplir sus decisiones. Una prohibición sin consecuencias claras ante su incumplimiento termina debilitando la autoridad institucional”.
En diciembre pasado la Legislatura bonaerense también estableció normas para restringir el uso de dispositivos en establecimientos primarios, tanto estatales como privados.
Cabe indicar que si bien el proyecto fue aprobado por el Senado bonaerense, debe regresar a Diputados porque se votó con modificaciones.
CONFLICTOS CON LAS FAMILIAS
De acuerdo con la evaluación que hacen desde la entidad que agrupa a más de 5.000 institutos de todo el país, “medidas como la retención transitoria de un dispositivo pueden generar cuestionamientos y conflictos con las familias. Por eso, cualquier regulación debe contemplar procedimientos y consecuencias expresamente habilitados por la normativa, que protejan tanto a estudiantes como a docentes y directivos”.
Zurita explicó que “las escuelas son espacios de aprendizaje, socialización y construcción de límites. Pero no podemos olvidar que los celulares son dispositivos que llegan a las instituciones desde el entorno familiar, cuya responsabilidad también resulta fundamental”.
Desde la entidad de los colegios privados dijeron que “creemos que como sociedad nos debemos un debate mucho más profundo sobre el impacto de las redes sociales en niños, adolescentes y también adultos. Es un desafío que excede ampliamente las paredes de la escuela”.
Según se informó, algunas escuelas ya prohiben los teléfonos mediante sus reglamentos internos, mientras que otras los incorporan como recursos pedagógicos.
Ante ese cuadro de situación, AIEPA considera necesario que las instituciones puedan decidir cómo abordar su uso y cuenten con respaldo legal para aplicar las medidas establecidas.
Según señaló Zurita, “los conflictos pueden surgir cuando docentes o directivos retienen un dispositivo y las familias cuestionan esa decisión. Frente a ese escenario, reclamó procedimientos claros y normas que protejan tanto a los estudiantes como a los trabajadores de la educación”.
La discusión sobre los celulares, agregó el directivo, “se vincula con otros desafíos que atraviesan las escuelas, entre ellos la ludopatía adolescente, el uso de redes sociales y las distintas formas de violencia digital”.
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