En los próximos días, el Gobierno nacional presentará una apelación formal contra la resolución dictada por el juez federal Martín Cormick. El magistrado ordenó la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario y dictaminó la inconstitucionalidad del decreto mediante el cual el Poder Ejecutivo había condicionado y trabado su entrada en vigencia.
Según trascendió desde esferas oficiales, los equipos legales de la Casa Rosada diseñan la estrategia para los tribunales. De forma simultánea, evalúan alternativas jurídicas para eludir el desembolso inmediato que exige el cumplimiento de la normativa. Desde la Procuración del Tesoro, organismo a cargo de Sebastián Amerio encargado de diagramar las defensas del Estado, confirmaron que analizan los pasos a seguir con la convicción de que todavía existen instancias de reclamo para frenar la erogación.
Las autoridades confían en que cuentan con las herramientas necesarias para debatir la medida en instancias superiores. Aunque la decisión de llevar el caso a la Cámara respectiva es un hecho, los funcionarios estudian diversas opciones centradas en mitigar el impacto directo sobre el presupuesto nacional.
El fallo que obliga la aplicación del financiamiento de las Universidades
Más temprano, la Justicia había vuelto a fallar a favor de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario al declarar inconstitucional una parte del Decreto 759/25 dictado por el gobierno de Javier Milei.
El fallo del juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Nº11, hizo lugar al recurso de amparo presentado por Consejo Universitario Nacional, universidades y docentes y declaró la inconstitucionalidad "en lo relativo a la mención incluida `sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N°24.629´" y le ordena al Gobierno nacional "el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias".
Este fallo de lo que hace es anular el recurso utilizado por el Gobierno para no aplicar la ley a la existencia de financiamiento y partidas presupuestarias al atarla a la Ley de Administración Financiera. El artículo 5º de esa norma señala que "toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional".
La medida judicial llega en la antesala del llamado del Frente Gremial que integran los docentes de ADULP, nodocentes de ATULP y estudiantes de la FULP a la marcha de antorchas que se realizará en La Plata mañana, miércoles 7 de octubre, a las 17hs..
La convocatoria surgió de la consulta nacional que se realizó semanas atrás y se llevará a cabo en la misma jornada en la que se desarrollará un paro nodocente que impactará en colegios preuniversitarios y colegios de la UNLP.
El magistrado recordó que ya existe una medida cautelar que ordena cumplir los los artículos sobre salarios y becas, según señaló.
Cormick es el mismo juez que la semana pasada había rechazado la apelación del Gobierno nacional sobre la Ley de Financiamiento Universitario y lo intimó nuevamente para que cumpla con la cautelar.
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