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La violencia volvió a instalarse en el centro de la discusión educativa bonaerense. En las últimas semanas se registraron agresiones contra docentes en distintas localidades de la provincia, mientras los enfrentamientos entre estudiantes y los conflictos que se trasladan a las redes sociales profundizaron la preocupación. La sucesión de episodios derivó en un paro docente de 24 horas, el 1° de octubre, y en un reclamo gremial por políticas integrales de prevención.
Pero el problema excede los hechos que alcanzan repercusión pública, poniendo el foco en las herramientas que tiene la escuela cuando se le exige enseñar, contener y resolver conflictos que muchas veces nacen fuera de sus puertas.
Docentes, especialistas y dirigentes gremiales coinciden en que no puede analizarse como un territorio separado de la sociedad, aunque advierten que reconocer ese contexto no significa quitar responsabilidad a quienes agreden ni dejar a las instituciones solas frente a situaciones que las desbordan.
Para Daniela Leiva Seisdedos, docente y observadora de la realidad educativa, la violencia no es un fenómeno exclusivo de las aulas. “Está en todos lados, no es que solo sucede en la escuela, es bueno recordarlo”, sostiene. En su mirada, el debilitamiento del respeto por quien piensa distinto y los modos agresivos de vincularse en la vida pública repercuten en las instituciones.
Señala que, después de la pandemia, crecieron los conflictos entre estudiantes y las situaciones de violencia de las familias hacia la escuela. También cuestiona el descrédito del rol docente y la pérdida de autoridad necesaria para enseñar.
Esa autoridad, aclara, no equivale al autoritarismo: supone reglas comunes y límites que se sostengan. “Lo que no se sabe es que un docente puede tener razón o no tenerla porque es un ser humano que se equivoca, pero no se le puede pegar. A nadie, no somos bárbaros.”
En ese escenario, el papel de las familias resulta central. Para Leiva Seisdedos, los chicos aprenden de los modos en que los adultos resuelven sus desacuerdos. La escuela puede trabajar sobre la convivencia, pero difícilmente contrarreste por sí sola conductas que se legitiman en otros ámbitos.
Su propuesta apunta a recuperar los límites sin reducir la respuesta al castigo. “No se trata de castigar, si no de cuidar y en el cuidado están los limites”, afirma. El diálogo es indispensable, pero no siempre alcanza si las normas carecen de consecuencias o las instituciones no cuentan con respaldo para aplicarlas.
ALGUNOS DATOS Y LO QUE NO MUESTRAN
Facundo Stazi, licenciado en Ciencias de la Educación, profesor de Literatura y autor de “Hackear la escuela”, propone distinguir entre hechos, percepciones y estadísticas. La violencia existe y preocupa, pero los indicadores disponibles no permiten afirmar que todas sus formas estén aumentando de manera constante.
“La violencia no empieza en la escuela. La escuela no es un territorio separado del resto de la sociedad. Los datos muestran un problema serio, pero no una escalada lineal”, resume.
Según el análisis de Aprender 2023, el 63% de los estudiantes de sexto grado declaró haber vivido al menos una situación incluida en una categoría amplia de agresión o violencia durante ese año. En la provincia de Buenos Aires, el porcentaje fue del 65%; en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 69%. La categoría incluye situaciones diversas, desde amenazas y agresiones físicas o verbales hasta rumores y daños o robos de pertenencias.
PISA 2025 registró que el 20% de los estudiantes argentinos de 15 años había sufrido al menos una forma de acoso varias veces al mes o más, el mismo porcentaje que el promedio de la OCDE. La prevalencia no mostró cambios significativos respecto de 2022.
Hay, sin embargo, señales de malestar que merecen atención. Entre 2016 y 2023, la proporción de estudiantes de sexto grado que dijeron sentirse solos pasó del 19% al 36%; quienes manifestaron sentirse incómodos o fuera de lugar subieron del 30% al 40%.
Para Stazi, la precisión es importante: no toda discusión es violencia, no toda agresión constituye bullying y no todo malestar tiene el mismo origen. Diferenciar esas experiencias no minimiza el problema; permite comprenderlo y evitar respuestas generales para situaciones distintas.
LA PELEA COMO “ESPECTÁCULO”
Diana Murguía, docente de cuarto y quinto año de escuelas secundarias de La Plata, observa que la violencia aparece como una forma de imponer respeto. “La forma de resolver los conflictos que encuentran las familias y los estudiantes es mediante la violencia verbal o física. Sienten que si no lo ponen en esos términos no van a obtener respeto.”
En ese esquema, el motivo que inicia una pelea puede ser menor, pero la confrontación escala frente a los demás. A la agresión se suma la filmación y circulación de imágenes, lo que hace que el conflicto se convierta en un “espectáculo”, con espectadores que comentan e incluso alientan los golpes.
Stazi advierte que los videos virales prolongan la exposición y modifican la percepción de lo que sucede. “La violencia también enseña: enseña quién manda, cómo se consigue atención y qué lugar ocupa el otro.” Encima, las redes mantienen las imágenes en circulación mucho después del episodio, con nuevas formas de humillación y exposición.
Murguía relaciona la conflictividad con problemas más amplios, entre ellos las dificultades económicas, las carencias de infraestructura y la sobrecarga de tareas de cuidado que enfrentan las escuelas. Reclama devolver centralidad al aprendizaje y revisar el lugar de los celulares en la vida escolar. La institución, advierte, tiene cada vez más responsabilidades, pero no siempre dispone de condiciones para cumplirlas.
Diego Richiusa, secretario general de Sadop La Plata, pone el foco en la desconfianza entre las familias y las instituciones. Las escuelas cuentan con procedimientos para investigar denuncias, explica, pero esos procesos requieren tiempo. Cuando las familias no aceptan los plazos o interpretan una intervención escolar como una agresión, el vínculo puede deteriorarse.
“Hay familias que generan desconfianzas que terminan en denuncias o hechos violentos”, señala. Las denuncias pueden provocar angustia en los docentes, en especial cuando pasan al ámbito penal o ponen en riesgo su continuidad laboral.
Para Richiusa, reconstruir la comunidad educativa exige recuperar la confianza y fortalecer la autoridad, sin volver a las formas punitivas del pasado. “Necesitamos que la familia vuelva a confiar en la escuela”, sostiene. Y lo resume en una situación cotidiana: “Si el docente te dice que tu hijo no hizo la tarea, creele. No lo violentes ni lo denuncies por eso.”
El planteo no supone negar que pueda haber errores docentes, sino reconocer que existen procedimientos para abordarlos y que una diferencia no debe transformarse automáticamente en una confrontación. La confianza necesita instituciones que escuchen a las familias, expliquen sus decisiones y resguarden a todas las partes.
“Los docentes no tenemos herramientas, ni forma de internalizar la norma. Podemos repetir ‘eso está mal’ y lo charlamos con los padres, pero todos sienten que la forma de resolverlo es haciendo valer su voz para que no te tomen por tonto. Si tienen que pegarle a la directora, le pegan”
Diana Murguía Docente de cuarto y quinto año de escuelas secundarias de La Plata
Stazi lleva la discusión un paso más allá: la respuesta no puede recaer únicamente sobre docentes y equipos directivos, a quienes se les demanda resolver problemas de origen diverso sin que siempre dispongan de recursos suficientes. “Dejar a los docentes y equipos directivos con la obligación de contener (ya ni decimos ‘enseñar’), pero sin herramientas, también es violento”.
El especialista reclama, además, que los adultos intervengan para establecer límites efectivos. “Tienen que poder controlar lo que sucede en las aulas”. No se trata de prometer una escuela sin conflictos, sino de evitar que las diferencias se resuelvan mediante la humillación, las amenazas o los golpes.
La discusión sobre la autoridad, entonces, no se agotaría en elegir entre sancionar o dialogar. Requiere acordar normas, sostenerlas, acompañar a quienes deben aplicarlas y revisar las condiciones en que las escuelas trabajan. También implica que las familias, los estudiantes y las autoridades educativas asuman responsabilidades que no pueden delegarse por completo en el docente frente al aula.
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
La violencia escolar tiene distintas expresiones: puede aparecer entre estudiantes, dirigirse contra un docente, continuar en las redes o manifestarse en el enfrentamiento entre una familia y una institución. No todas las situaciones tienen la misma dinámica, pero comparten un escenario en el que la palabra pierde lugar y la imposición gana terreno.
Seisdedos insiste en que las familias y las escuelas deben volver a trabajar juntas, con límites claros y sin naturalizar las agresiones. Murguía reclama recuperar el lugar del conocimiento y reconstruir vínculos deteriorados. Richiusa plantea que la autoridad se construye con confianza y respaldo institucional, no con el regreso automático a viejas formas de castigo.
Stazi advierte que la escuela forma parte de la sociedad, pero no es un reflejo pasivo ni puede reparar por sí sola todos sus problemas. También puede enseñar a reconocer la violencia y establecer límites para que el conflicto no se resuelva a costa del cuerpo o la dignidad de otra persona.
El desafío es pasar de la indignación que despierta cada episodio a una política sostenida de prevención y cuidado. Eso supone recursos, acompañamiento, normas claras y adultos capaces de intervenir. También exige dejar de considerar la violencia como un costo inevitable de la tarea docente.
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