Una mujer con cáncer de pulmón en estado avanzado espera hace meses la provisión de un medicamento para el tratamiento oncológico indicado por su médico. La Justicia ordenó al Instituto de Obra Médica Asistencial (IOMA) la entrega en 48 horas, pero desde fines de abril la medida sigue sin cumplirse.
El expediente corresponde a la causa iniciada por Luisa Bardin, afiliada voluntaria a la obra social, que tramita ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 7 de La Plata.
Según el abogado de la familia, Juan Cruz Diez, el conflicto comenzó a fines de 2025, cuando el cuadro de la paciente se agravó y el oncólogo indicó un nuevo esquema de quimioterapia. Parte del tratamiento fue cubierto, pero uno de los medicamentos solicitados fue rechazado por la obra social.
“El IOMA rechazó reiteradamente el trámite, pese a la presentación de la historia clínica y el requerimiento del médico”, explicó el letrado.
Ante la negativa, la familia presentó un recurso de amparo. El juez hizo lugar a la medida cautelar y ordenó la provisión inmediata del tratamiento oncológico. En la resolución le dio a la obra social 48 horas para cumplir.
El fallo advirtió el riesgo en la demora y señaló que sin medicación la salud puede agravarse. Aun así, la orden no se cumplió.
La respuesta sigue sin llegar
De acuerdo al expediente, IOMA no acreditó la entrega del tratamiento dentro del plazo establecido. Incluso, tras el incumplimiento, el juzgado volvió a intimar a la obra social. Esta vez, el juez dejó constancia de la desobediencia y activó la intervención de organismos de control.
“IOMA hizo caso omiso de la resolución. Incluso llamó a concurso para la adquisición del medicamento, pero no se presentó ningún oferente, por lo que finalmente no fue provisto. Igual, pueden hacerlo por vía de excepción y no lo hacen. Se realizaron intimaciones y se solicitó al juzgado que exigiera el cumplimiento de la medida, pero la orden judicial continúa sin acatarse”, indicó el abogado de la paciente.
En total, la obra social ya acumula seis presentaciones por incumplimiento de la medida cautelar, según se indicó.
El juzgado ordenó poner en conocimiento la situación al Ministerio de Gobierno, al Defensor del Pueblo de la Provincia y otros organismos estatales. El objetivo es dejar registro formal del incumplimiento reiterado de una orden judicial vigente.
Diez aseguró que suelen tramitar amparos de salud sin inconvenientes y que incluso en casos complejos, como compras de medicación en el exterior, las obras sociales suelen dar respuesta. “En esta oportunidad es como si no hubiera existido ninguna sentencia. En los hechos están dejando morir a una persona”, señaló.
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