Más de 200 hectáreas de un enorme lote en Arana están en conflicto con denuncias cruzadas por usurpaciones. Una de las familias que dice ser “legítima poseedora” del predio hizo una presentación judicial que expone una presunta red de hostigamiento, robos y también denuncia a policías de la subcomisaría de Arana.
La presentación del abogado Agustín Hernández, representante legal de Miriam Susana Andosca Salas, una de las partes en conflicto, fue radicada ante el Juzgado de Garantías Nº 1 de La Plata.
La denunciante solicitó de manera urgente el desalojo de los actuales ocupantes, la intervención de fuerzas federales y un Hábeas Corpus preventivo ante el temor de sufrir represalias por parte de la propia policía.
El epicentro del conflicto es un inmenso predio ubicado en 135 y 694 hasta 143 y 704, que se ha convertido en el escenario de una escalada de tensión extrema.
La disputa gira en torno a un predio que pertenecía a la firma Interlac S.A. (una planta industrial dedicada a la recepción, procesamiento y envasado de leche y derivados lácteos). Según detalla la presentación judicial de Hernández, la empresa abandonó las tierras en 1995 en medio de una severa crisis económica, dejando una abultada deuda salarial con su capataz, Mario Luis Listuer. Desde febrero de ese año, Listuer comenzó a habitar y explotar las tierras con “ánimo de dueño”: cultivó el suelo, crió ganado, realizó mejoras en alambrados y molinos, e incluso firmó planes de pago con el Fisco provincial para saldar deudas del impuesto inmobiliario.
Tras casi tres décadas de posesión ininterrumpida, en enero de 2023, Listuer cedió legalmente sus derechos posesorios a los actuales denunciantes , quienes iniciaron el correspondiente juicio de prescripción adquisitiva (usucapión) ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 8 platense, se afirma en el escrito judicial.
Entre las denuncias cruzadas, los hijos de Andosca Salas fueron detenidos en marzo pasado por cargos de tentativa de usurpación y desobediencia, tras una denuncia realizada por una comerciante de Los Hornos.
El conflicto escaló de manera violenta. “Desde enero de este año, la posesión se ve turbada mediante actos materiales de hostigamiento y amedrentamiento consistentes en denuncias reiteradas que provocan la aparición de móviles policiales”, detalla el escrito judicial. Entre los hechos más graves denunciados, “se destacan los operativos con presencia policial reiterada sin orden judicial, con requisas y revisiones de pertenencias armadas hacia el cuidador del predio, Federico Fabián Imaz, bajo constantes amenazas de detención si no abandonaban el lugar”.
En el escrito también incluyen “el faltante y destrucción de postes, chapas, alambrados y un obrador entero dentro del predio”. La presentación judicial califica estas maniobras “como una asociación ilícita orientada a concretar una usurpación, en concurso real con los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, robo, daño y coacción”.
Fuentes policiales explicaron que en el lugar se han sucedido diversos operativos debido a denuncias de usurpación entre las distintas facciones que reclaman derechos sobre la propiedad.
Según detallaron las mismas fuentes policiales, ese inmenso predio rural se encuentra actualmente “judicializado”. Con el fin de frenar la escalada de violencia, se dispuso de manera preventiva una consigna policial permanente en el lugar para evitar nuevos intentos de toma o asentamientos ilegales.
Según pudo saber este diario, las acciones buscan evitar una réplica de la megatoma de Los Hornos.
Respecto a las acusaciones de la denunciante contra el personal de la Subcomisaría de Arana, desde la fuente policial consultada se mostraron tajantes: “El que denuncia a la policía es porque tiene intereses creados para ocupar los lotes”, disparó una alta fuente de la fuerza, sugiriendo que la denuncia penal es una estrategia de presión para apartar a los uniformados y facilitar una ocupación ilegal de las tierras.
Ante esa situación, la defensa de Andosca Salas solicitó medidas: Desalojo con Fuerzas Federales exigiendo la inmediata restitución del inmueble (bajo el amparo del artículo 231 bis del Código Procesal Penal bonaerense), solicitando que el procedimiento sea ejecutado por Gendarmería Nacional o Prefectura Naval para garantizar la imparcialidad. También solicitaron el traslado urgente de las actuaciones a la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial para que se investigue el accionar de la subcomisaría y agregan la restricción perimetral, una orden de prohibición de acercamiento que impida a los policías de la seccional de Arana aproximarse a la denunciante, a su familia, a los testigos y al propio campo.
Asimismo, se dio intervención a la Subsecretaría de Derechos Humanos y a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires para que actúen como veedores ante un posible escenario de violencia institucional.
Distintas familias se disputan decenas de hectáreas de la ex empresa Interlac
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