Cada 21 de octubre el sector asegurador argentino conmemora su día, una fecha instaurada en 1944 en recuerdo de la iniciativa que, en 1811, impulsó el Primer Triunvirato para la creación de una compañía de seguros marítimos.
En su esencia, la actividad se sostiene sobre un principio de solidaridad comunitaria: un colectivo de asegurados aporta una prima a un fondo común destinado a responder económicamente ante un evento imprevisto.
Por este motivo, conductas como el fraude, los reclamos desmedidos o los incumplimientos por parte de las aseguradoras impactan de manera directa sobre la sostenibilidad y el costo general del sistema.
En el país, el funcionamiento del mercado se encuentra enmarcado por un esquema normativo histórico integrado por la Ley 17.418 de 1967 (reguladora del contrato de seguro), la Ley 20.091 de 1973 (rige la actividad de las aseguradoras y la fiscalización de la Superintendencia de Seguros de la Nación) y la Ley 22.400 de 1981 (reguladora del productor asesor de seguros).
Respecto al valor que aporta la correcta administración de los riesgos en el ámbito empresarial y familiar, el especialista platense Jorge Raúl Tarling sostuvo que “nadie gerencia el destino; transferir el riesgo es una forma de darle sostenibilidad al patrimonio”.
Al haber sido concebidas en un contexto previo a la irrupción de tecnologías modernas, nuevos medios de movilidad y riesgos cibernéticos, el Congreso aborda en este 2026 proyectos orientados a la actualización integral del marco legal.
El debate legislativo busca adecuar la normativa a las demandas contemporáneas mediante pautas claras que reduzcan la litigiosidad judicial, simplifiquen la redacción de las pólizas para garantizar la comprensión del usuario y establezcan mayores exigencias de solvencia a las operadoras. Asimismo, se pretende fortalecer la capacitación técnica de los productores asesores de seguros y afianzar la articulación con el Poder Judicial para un correcto entendimiento del funcionamiento de la actividad.
“Desde que entré en la industria, en 1991, nunca se había dado este debate. Hay que darle la bienvenida, con el texto en la mano y sin egos. Y los que más tienen que opinar son los que viven el pulso del mercado, no solamente los juristas”, señaló Tarling.
El debate legislativo busca adecuar la normativa a las demandas contemporáneas
Uno de los ejes críticos en la agenda del sector sigue siendo la alta judicialidad y la necesidad de un sistema equilibrado, especialmente en áreas como los riesgos del trabajo. A treinta años del establecimiento de la Ley 24.557, los especialistas señalan la importancia de unificar baremos de incapacidad por consenso y optimizar el funcionamiento de las comisiones médicas. En paralelo, en materia de prevención para pequeñas y medianas empresas, se enfatiza la trascendencia de la gestión interna del riesgo, destacando que los costos ocultos derivados de los accidentes laborales no resultan cubiertos por las pólizas tradicionales.
La industria busca recobrar vigor en rubros como salud, asistencia al viajero, retiro y vida
Por otra parte, se remarca la vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un instrumento de carácter estrictamente financiero que no exime de responsabilidad al empleador ni sustituye la cobertura brindada por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). Al mismo tiempo, la industria busca recobrar protagonismo en rubros estratégicos como la salud, la asistencia al viajero y los seguros de retiro y vida, indispensables para brindar certidumbre y respaldo a largo plazo a los proyectos personales y de desarrollo productivo.
La agenda actual de la actividad incorpora además la atención de nuevos factores de riesgo, entre los que se cuentan las instalaciones para baterías de litio, la vulnerabilidad digital en comercios y los fenómenos climáticos extremos, cuya frecuencia exige un enfoque preventivo riguroso.
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