La protesta contra el Gobierno Nacional en la Universidad Nacional de La Plata se profundizará con nuevos llamados a huelga de los docentes y la posible adhesión local del sector a medidas de los nodocentes.
Según dispuso este viernes la central nacional docente Conadu, el primer paro se realizará en momentos en que se empiece a debatir el presupuesto nacional en el Congreso. Resta definirse la agenda legislativa pero se calculaba en las últimas horas que eso sucederá el próximo miércoles 28. En tanto, el 16 de noviembre comenzará una semana de protesta con paro y movilización. Además, el 20 de noviembre, Día de la Soberanía, se realizarán acciones en todo el país.
Estas medidas se discutieron este viernes en Mar del Plata, sede del congreso de gremios de base de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu). En forma simultánea, la otra central de peso en el sistema público nacional, la Conadu Histórica, anunció que hará huelga una semana, entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre. Esa medida no afectará en la UNLP, donde esa entidad no tiene inserción.
Sí afectaría, tal como viene ocurriendo en las medidas a lo largo del último tiempo, el esquema de paros que anunciaron los nodocentes para todo el sistema de universidades públicas. Serán cuatro jornadas que se desarrollarán el 28 de octubre y los días 3, 12 y 16 de noviembre. El esquema lo fijó la federación de nodocentes, Fatun, del que forma parte el gremio platense Atulp.
Una fuente del gremio de docentes platenses, Adulp, adelantó este viernes que en el inicio de la semana próxima, el lunes, se desarrollará una reunión de representantes de la entidad en las facultades y colegios con la agenda marcada en el plan de protestas.
Una opción que se manejaba con fuerza es la de sumar a Adulp a las jornadas de huelga dispuestas por los nodocentes para el 3 y el 12 de noviembre.
Protesta y batalla judicial
Docentes y nodocentes vienen reclamando por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que se aprobó en el Congreso Nacional hace un año y el Gobierno Nacional se niega a aplicar. El escenario dio lugar a un litigio judicial que llegó a la Corte Suprema.
El máximo tribunal ya sentenció en favor de la posición universitaria, pero la batalla continúa con sucesivas presentaciones que realiza el Ejecutivo Nacional. En el último capítulo, para frenar la aplicación de una multa diaria de 100 mil pesos al Jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, de cuya área, según la Justicia, debería darse curso a la norma.
La Ley lleva en su tramo central la adecuación del presupuesto universitario de acuerdo con el impacto de la inflación, hacia adelante y también para atrás, hasta 2023.
Según los cálculos que se realizan en los gremios, al entrar en vigencia generaría un aumento automático del 33.4% a los salarios del personal universitario. Junto con eso habría aumento en otras partidas de funcionamiento y pago de becas.
Este año, en la negociación paritaria que se abrió en el final del primer semestre, se aprobó una suba escalonada del 24%.
Tras el receso de invierno se reabrieron las conversaciones pero no hubo acuerdo. Los rechazaron la idea del Gobierno Nacional de subir 3% en septiembre. Aún con el rechazo de los gremios, se liquidó la suba.
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