Vivir en un edificio en La Plata se ha transformado en un ejercicio constante de ingeniería financiera. De acuerdo con los registros de la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata, el valor de las expensas ordinarias registró subas promedio situadas entre el 2 y el 3 por ciento mensual.
Aunque el porcentaje parezca moderado en términos nominales, esconde una dinámica preocupante: en prácticamente todos los períodos evaluados, los incrementos de los expensas se ubicaron sistemáticamente por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) general.
El acumulado en lo que va del año ya alcanza incrementos significativos que impactan de lleno en el bolsillo de propietarios e inquilinos. Sin embargo, desde el sector aclaran que la cifra final depende estrechamente de la fisonomía de cada inmueble. No impacta del mismo modo el reajuste salarial de los encargados o los abonos de mantenimiento de servicios en una torre de más de veinte pisos con amenities y dos ascensores, que en un consorcio de pocas unidades funcionales sin empleados permanentes.
Los aumentos de tarifas de servicios públicos, insumos de limpieza y honorarios profesionales terminan marcando dispersiones notables en el recibo final que llega a cada departamento platense.
EL FANTASMA DE LA MOROSIDAD
En el reverso del cuadro tarifario aparece la capacidad de pago de los vecinos. Según la entidad que agrupa a los administradores locales, la morosidad promedio en La Plata ronda entre el 15 y el 20 por ciento. Si bien en ciertos momentos del año se percibieron ligeras atenuaciones según la tipología del edificio o el barrio, la tasa de incumplimiento no ha logrado perforar ese piso de forma estructural.
El fenómeno de la demora en el pago no es exclusivo del ámbito consorcial, sino que se replica en diversos rubros de la economía doméstica (tarjetas de crédito, colegios privados, servicios e impuestos).
No obstante, en los edificios residenciales la falta de liquidez genera un efecto dominó directo: cuando uno o dos vecinos dejan de abonar, el costo de los servicios esenciales debe ser absorbido temporalmente por el resto de la comunidad para evitar el corte de luz en áreas comunes o la interrupción del mantenimiento de ascensores y bombas de agua.
Frente a esta coyuntura, las administraciones se han visto obligadas a sistematizar herramientas de cobro preventivo. Hoy en día, la intimación formal se ejecuta de manera mensual y casi automática apenas se detecta el vencimiento del plazo fijado por el reglamento. El objetivo de las notas administrativas y cartas documento es evitar que la deuda se vuelva impagable para el propietario y perjudicial para el conjunto.
La vía judicial es el último recurso, pero es cada vez más recurrente en los casos más complejos. Fuentes del sector confirman que cuando las mora se prolonga en el tiempo y no se logran acuerdos de pago o refinanciaciones, los expedientes pasan a manos de los abogados del consorcio para iniciar el proceso de ejecución de expensas en los Tribunales.
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