La pérdida de capacidad de pago de las familias está llevando más demanda hacia el sistema público en general y el IOMA en particular: durante el primer trimestre de 2026, la obra social bonaerense asegura haber registrado un crecimiento del 10% en la utilización de servicios médicos y medicamentos, impulsado en parte por el traslado de consumos desde otras coberturas. Según un relevamiento de la obra social bonaerense: un 70% de ese crecimiento correspondería a afiliados jubilados que dejaron de consumir por PAMI y otro 22% a personas provenientes de prepagas que abandonaron por el aumento de sus cuotas y la desregulación.
El fenómeno forma parte de un proceso más amplio provocado por la crisis económica que describe un informe de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Arqueos y la Fundación Participar. De acuerdo con él, durante los últimos años se ha producido un fuerte desplazamiento de familias hacia el sistema solidario y público de salud; lo que representa una mayor presión sobre estructuras sanitarias que deben absorber una demanda creciente en un contexto de dificultades económicas y financieras.
El informe muestra también hasta qué punto la situación económica comenzó a modificar las decisiones vinculadas con el cuidado de la salud. El 56,6% de los encuestados afirmó haber cambiado algún hábito de atención o cuidado por el aumento de los costos. Entre ellos, el 24,1% postergó consultas médicas y el 18,1% dejó de comprar algún medicamento. Además, el 30,2% manifestó haberse endeudado por cuestiones relacionadas con la salud.
En el caso del IOMA, el aumento de la utilización y el traslado de consumos desde otras coberturas constituyen, según explicó su presidente Homero Giles, una de las principales fuentes de presión sobre las cuentas de la obra social. A ese impacto se suman el déficit generado por la cobertura de afiliados municipales, el aumento de los precios sanitarios y el efecto de las órdenes judiciales.
FRENTES DE CONFLICTO
El incremento de la demanda llega además en un momento de fuerte conflictividad entre IOMA y distintos sectores de sus prestadores. En La Plata, la Agremiación Médica Platense (AMP) denunció entre abril y mayo deudas millonarias correspondientes a prestaciones del primer trimestre y declaró el estado de “Alerta gremial”.
Ante la falta de respuestas definitivas, la AMP realizó en mayo un paro de 48 horas que afectó turnos programados y consultas de rutina, aunque se mantuvieron las urgencias y las guardias. En junio, los médicos volvieron a reclamar por prestaciones de internación y denunciaron nuevos atrasos en los pagos.
IOMA rechazó los señalamientos de incumplimiento. Sus autoridades sostuvieron que los pagos se efectuaban dentro de los plazos vigentes y que varias de las prestaciones reclamadas todavía no habían alcanzado su fecha de vencimiento.
Los reclamos alcanzaron también a los profesionales de la psicología. En junio realizaron un paro de 24 horas por atrasos en el pago de honorarios. El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de La Plata señalaba entonces que permanecían pendientes liquidaciones correspondientes a prestaciones realizadas durante marzo y abril de 2026.
A ello se le suma el conflicto con acompañantes terapéuticos y domiciliarios, que denunciaron atrasos de más de tres meses en la liquidación de sus honorarios y advirtieron sobre el impacto de esa situación en la continuidad del acompañamiento de pacientes en situaciones vulnerables.
El cuadro combina, de este modo, dos presiones que terminan confluyendo sobre IOMA: por un lado, el desplazamiento de familias que ya no pueden sostener determinadas coberturas o gastos de salud; por otro, las dificultades financieras y los conflictos que atraviesa la propia obra social para responder a las demandas de sus prestadores.
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