La pérdida de cobertura médica se suma a las dificultades que atraviesan los jóvenes para insertarse en el mercado laboral y sostener sus ingresos. En poco más de dos años, casi 440.000 personas de entre 15 y 29 años dejaron de contar con obra social, prepaga o mutual, en una tendencia que golpea especialmente a los sectores medios y que refleja el deterioro de las condiciones de vida de una parte de la población.
Los datos surgen del análisis de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que muestran que la cantidad de argentinos sin cobertura médica pasó de 9,4 millones a fines de 2023 a 10,7 millones en el primer trimestre de 2026. En el mismo período, la proporción de personas que dependen exclusivamente del sistema público de salud subió del 32% al 35,6%.
Entre los jóvenes de 15 a 29 años, el incremento de quienes carecen de cobertura llegó al 15,3%, con 438.790 personas más en esa situación. Para comienzos de este año, el 49,9% de ese grupo etario dependía únicamente de la atención pública.
El fenómeno no puede entenderse solamente a partir de los indicadores de pobreza, porque también refleja cambios en el empleo, los ingresos y las condiciones cotidianas de los hogares , plantea la analista María Migliore al explicar qué permiten observar los datos.
El retroceso alcanza a distintos grupos socioeconómicos, pero no con la misma intensidad. Al desagregar las cifras por nivel de ingresos, Migliore identifica a los hogares de clase media como uno de los sectores donde más se redujo la afiliación a los sistemas de salud, en particular entre los más jóvenes.
“Quienes más están dejando de tener cobertura son de los estratos medios”, señala la especialista, quien precisa que “los jóvenes de 18 a 29 del sector medio son los que más pierden cobertura de obra social”.
EL VÍNCULO CON EL EMPLEO
Una de las claves para comprender esta tendencia es la relación entre el trabajo registrado y el acceso a una obra social. En el sistema argentino, los aportes asociados al empleo formal permiten sostener esa cobertura, mientras que quienes trabajan en la informalidad quedan por fuera de ese mecanismo.
Lo que pasa es que “se pierde trabajo formal, que es el que está atado a las obras sociales”, explica Migliore al señalar la informalidad deja a los trabajadores sin ese acceso automático a ellas y obliga a depender de otras alternativas para recibir atención.
Pero el empleo propio no es el único factor que determina la continuidad de una afiliación. Muchos jóvenes permanecen en los planes médicos de sus padres hasta los 25 años, de modo que la capacidad económica de las familias también incide en la posibilidad de conservar esa protección.
El crecimiento de la población sin obra social o prepaga también vuelve a poner en discusión el funcionamiento de un sistema sanitario integrado por prestadores públicos, obras sociales y empresas privadas, con distintas formas de financiamiento y organización.
Migliore describió ese esquema como una estructura en la que conviven tres subsistemas y donde la articulación entre los distintos niveles de gobierno y los prestadores no siempre resulta sencilla. A esa complejidad se suma la distribución de responsabilidades entre la Nación, las provincias y los municipios, que organizan sus servicios de salud de maneras diferentes.
La analista también advirtió que contar formalmente con una obra social no garantiza el acceso efectivo a todas las prestaciones. Las dificultades para conseguir turnos, obtener autorizaciones o acceder a determinados medicamentos pueden llevar a que los afiliados terminen recurriendo a hospitales públicos.
“Hay mucha gente que tiene obra social, pero para muchos tratamientos no puede acceder”, afirmó. Y agregó que las estadísticas pueden no reflejar por completo esa situación: “Hay un subregistro también”.
Cuando las prestaciones no se concretan, la demanda se traslada al sistema estatal, que debe atender tanto a quienes carecen de cobertura como a quienes no consiguen respuestas de sus prestadores. “También lo estás colapsando”, sostiene Migliore al referirse a la presión adicional sobre hospitales y centros públicos.
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