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Intimación judicial por el arbolado público

Por Redacción

La Justicia volvió a poner la lupa sobre la gestión del patrimonio arbóreo platense y dispuso una nueva intimación contra la Municipalidad de La Plata por el incumplimiento sostenido de las órdenes judiciales dictadas para su protección.

A través de una resolución de la jueza suplente María Fernanda Bisio, se declaró que subsiste un “incumplimiento parcial y persistente” de la sentencia dictada el 28 de noviembre de 2024 por un planteo iniciado en 2022 contra actividades de poda. Según se desprende de la resolución judicial y del comunicado difundido por el Foro en Defensa del Árbol, organización que impulsa el reclamo, si bien la Comuna presentó informes de distintas áreas en septiembre pasado, no logró acreditar la concreción de las obligaciones centrales cuyos plazos ya se encuentran vencidos.

Según el fallo, a casi dos años de la sentencia de fondo, el Ejecutivo local aún adeuda el cumplimiento de seis ejes fundamentales establecidos para el cuidado del arbolado urbano:

- Plan Regulador: No se elaboró un plan regulador integral del arbolado público.

- Censo: no se finalizó el relevamiento total de los ejemplares de la ciudad, pese a las sucesivas prórrogas otorgadas.

- Forestación: no se presentaron los planes anuales de forestación correspondientes.

- Participación: no se puso en funcionamiento el Consejo del Arbolado, un organismo creado por ordenanza municipal hace más de dos décadas.

-Patrimonio histórico: no se concluyó la actualización del Registro de Árboles Notables.

Transparencia: no se generó una plataforma informática de libre acceso para que los vecinos puedan consultar información sobre el manejo del arbolado.

Ante ese escenario, la jueza Bisio intimó al Municipio para que, en un plazo perentorio de 15 días, informe en detalle el estado de tramitación y presente un “cronograma cierto” de ejecución de cada uno de los puntos pendientes, debiendo precisar números de expedientes, áreas intervinientes y funcionarios responsables. La advertencia incluye la posibilidad de aplicar sanciones conminatorias previstas en el Código Procesal Civil y Comercial y en la Constitución Provincial.

Asimismo, la resolución ordenó a la Comuna dar cumplimiento inmediato a la medida cautelar vigente desde el 7 de julio de 2022. Dicha disposición prohibe toda actividad de poda y tala sobre el arbolado público, con la única excepción de aquellos casos urgentes que no admitan demora por razones de seguridad pública, resguardo de bienes o personas, obras o servicios esenciales contemplados en la Ley provincial 12.276. En esos supuestos, el Municipio está obligado a informar detalladamente en el expediente judicial y adjuntar la evaluación técnica de un profesional matriculado.

Desde el Foro exigieron que las autoridades locales se ajusten a la normativa vigente y cumplan en término con las mandas judiciales en resguardo del patrimonio verde de la ciudad.

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