El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires expresó su “más enérgico repudio” a los agravios e imputaciones formulados contra la institución y exigió una retractación pública, en medio de la polémica generada por el debate sobre la objeción de conciencia de los profesionales de la salud.
La controversia se desató a partir de un proyecto presentado por el diputado bonaerense Juan José Esper para proteger a los trabajadores de la salud que ejerzan ese derecho. En declaraciones periodísticas, el legislador cuestionó el rol de los Colegios Profesionales y sostuvo que algunas comunicaciones o resoluciones podrían funcionar como una suerte de “tribunal de disciplina implícito” sobre las convicciones de los médicos.
Frente a esos planteos, el Consejo Superior del Colegio de Médicos difundió un comunicado en el que consideró que las afirmaciones del diputado son “malintencionadas y falsas” y que “distorsionan de manera flagrante la realidad”.
La entidad también sostuvo que sus dichos resultan “diametralmente opuestos a la histórica postura y labor deontológica” que desarrollan los Colegios Profesionales.
En su respuesta, el organismo recordó que el poder de policía delegado por el Estado en estas instituciones está establecido por la Ley Provincial 5.413 y sus modificatorias, y que “no constituye una herramienta de persecución”.
Por el contrario, se indicó que representa “la garantía de que la práctica médica se ejerza con solvencia científica, decoro y apego irrestricto a los códigos de ética”.
El comunicado también rechazó la acusación de que los Colegios puedan “avasallar derechos individuales” o actuar como “tribunales implícitos”. En tanto, se consideró que se trata de “un ataque infundado a la institucionalidad médica y un desconocimiento absoluto del marco legal vigente”.
Uno de los puntos centrales de la discusión está relacionado con la objeción de conciencia. Sobre este aspecto, el Colegio de Médicos aclaró que se trata de un derecho que ya se encuentra expresamente reconocido y protegido por el Código de Ética Médica.
De acuerdo con esa normativa, la objeción de conciencia es “un derecho imprescindible para garantizar la libertad e independencia de su ejercicio profesional”. Además, establece que de su aplicación “no se puede derivar ningún tipo de perjuicio para el médico que la invoca”.
Por eso, la entidad remarcó que la libertad de conciencia de los profesionales “no está en discusión” y aseguró que históricamente ha sido garante de ese derecho.
Al mismo tiempo, defendió la función de los Colegios en el control ético y profesional de la actividad médica. El Consejo Superior destacó que se trata de instituciones democráticas, plurales y reglamentadas por ley.
“Los Colegios no operan mediante directivas arbitrarias”, sostuvo el comunicado, en respuesta a los cuestionamientos realizados por el diputado.
En tanto, la entidad exigió “la inmediata y formal retractación” del legislador.
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