Se realizará hoy un nuevo paro de los docentes universitarios. La protesta estará acompañada de una movilización al Palacio Pizzurno mientras se aguarda para hoy un nuevo encuentro paritario entre las federaciones gremiales nacionales y funcionarios del gobierno de Javier Milei.
Según informaron en el gremio Adulp (docentes universitarios de La Plata), “con la inflación de agosto, el Gobierno de Milei nos debe a las y los docentes de Universidades Nacionales un aumento del 33%, cinco salarios retroactivos desde la aprobación de la Ley de Financiamiento, revisiones, actualizaciones, montos remunerativos, adicionales y más. Reclamamos la urgente aplicación de la Ley, la recuperación de nuestros salarios y más presupuesto para el sector: en defensa de la universidad pública y gratuita”.
El último ofrecimiento del gobierno nacional fue del 3 por ciento para sueldos de septiembre y otro 3 por ciento para los de octubre. La propuesta fue rechazada por los gremios.
CLASES PÚBLICAS
Los docentes realizaron el martes pasado clases públicas en distintas facultades y espacios públicos.
El cronograma de protestas tendrá hoy el momento de mayor intensidad con el paro sin concurrencia a los lugares de trabajo y la movilización a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para reclamar por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, mejoras salariales y sostenimiento y suba de las becas estudiantiles.
En lo que va de 2026 los docentes y nodocentes universitarios sumaron más de 30 días de protestas que impactaron en el calendario académico.
Se aguarda que el paro tenga fuerte impacto en los colegios preuniversitarios y la mayoría de las facultades, a excepción de Informática, Económicas, Derecho y Odontología donde las medidas de fuerza no han tenido alta adhesión.
RECLAMO DE RECTORES
En ese contexto, se conoció ayer que el proyecto de ley de presupuesto 2027 presentado por la administración de Javier Milei destina 7,34 billones de pesos a las universidades nacionales, una cifra muy alejada de los más de 11 billones exigidos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de todo el país.
Más allá del recorte económico, el Capítulo II del proyecto del presupuesto del Gobierno introduce una polémica cláusula que exige a las universidades detallar la finalidad de sus gastos ante el Ministerio de Capital Humano y faculta al Poder Ejecutivo a interrumpir las transferencias de fondos si no cumplen.
Los rectores advierten sobre la vulneración del principio de la autonomía universitaria y consideran que la propuesta es insuficiente.
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