El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires rechazó enfáticamente el proyecto de ley presentado por diputados de La Libertad Avanza (LLA) a nivel distrital “para desregular” el mercado inmobiliario.
Para la entidad colegiada, “el proyecto presentado por un puñado de legisladores de LLA busca equiparar a un profesional universitario con cualquier entusiasta en la materia, bajo una supuesta premisa desregulatoria”.
Desde la cúpula del colegio profesional bonaerense señalaron sobre la iniciativa que “eufemísticamente denominan ‘desregular el mercado inmobiliario’ y que roza con lo ignaro (ignorante) y lo obsoleto, además de que, a prima facie, retrocede más de medio siglo en la evolución histórica profesional de la Provincia”.
“TENTATIVA”
“La tentativa de estos nueve legisladores, de los veinte que integran el bloque de La Libertad Avanza (LLA) bonaerense, es esconder, a través del enmarañado proyecto, la equiparación de los profesionales universitarios con cualquier persona humana o jurídica no matriculada, tal como señala su articulado propuesto”, afirmó.
“Con inusitado desparpajo modifican el Art. 80 de las infracciones con el siguiente texto: ‘Queda excluida de las infracciones y multas previstas en el presente artículo toda persona que intervenga en la compraventa de inmuebles sin poseer título de martillero o corredor público’”, indicaron. Para el Colegio “dicha modificación no sólo equipara la ilegalidad, sino que además la despenaliza. En resumidas cuentas, se legaliza la ilegalidad y se abre la puerta al reino de las estafas”.
Asimismo, acusaron a los nueve legisladores libertarios de “promover la ilegalidad y de vulnerar, caprichosamente, la dedicación y el esfuerzo de cientos de personas que estudiaron una carrera y se perfeccionan con cursos y talleres a diario para brindar un mejor servicio”.
Además, sostuvieron que la iniciativa “precariza o podría terminar definitivamente con las fuentes de trabajo de más de 200 mil familias que laboran de modo directo e indirecto en el mercado inmobiliario de la provincia”.
El proyecto se suma a la idea del Gobierno Nacional que desde hace varios años quiere desregular el mercado en el país. Especialistas consignaron que más allá de las intenciones de la mesa chica el Gobierno Nacional, solo puede revisar la legislación nacional porque las normas son municipales y son potestad de cada municipio. Esto significa que el Gobierno Nacional no tiene jurisdicción sobre ellas.
La primera norma que reguló al sector fue la Ley 20.266, sancionada en 1973. En 1999 se modificó mediante la Ley 25.028 que fue la que comenzó a exigir título universitario obligatorio para obtener la matrícula. Hoy, quien quiere trabajar como corredor inmobiliario debe cursar una carrera y una vez recibido saca la matrícula y paga al colegio un monto.
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