Tras el impacto de la 4ta. Marcha Federal Universitaria, docentes y nodocentes endurecen las medidas de fuerza ante la falta de paritarias y el freno del gobierno nacional a la ley de financiamiento universitario. La medida de los docentes se desarrollará desde mañana y hasta el próximo 30 de mayo, mientras que los nodocentes paralizarán las actividades el, 29 de mayo. Estas jornadas de paro afectarán de lleno a los colegios preuniversitarios de la UNLP y a buena parte de las 17 facultades, donde alumnos temen perder el primer cuatrimestre.
Las universidades públicas argentinas ingresan en otra semana determinante que profundizará el escenario de parálisis total que arrastra el sector. Tras intensos plenarios de las federaciones sindicales, se confirmó un paro nacional docente de cinco días, que se extenderá desde mañana y hasta el sábado 30 de mayo. A este plan de lucha se acoplará de forma estratégica el gremio de los trabajadores nodocentes, quienes llamaron a una huelga general sin asistencia a los lugares de trabajo para el viernes 29 de mayo (medida que repetirán a inicios de junio).
De esta manera, el viernes funcionará como un “día bisagra”: sin personal administrativo, técnico, de limpieza ni mantenimiento, las facultades e institutos dependientes de las universidades nacionales se verán obligados a cerrar sus puertas por completo.
Los reclamos de la comunidad educativa giran en torno a tres ejes urgentes: recomposición salarial, denunciando que los ingresos perdieron más de un 34% de su poder adquisitivo frente a la inflación desde el inicio de la actual gestión nacional; la falta de llamado a paritarias oficiales desde hace meses; y la reactivación de las partidas de financiamiento estructural para el funcionamiento diario de los edificios y los hospitales universitarios.
El conflicto actual no surge en el vacío, sino que consolida un año marcado por la conflictividad social en el ámbito educativo. En lo que va de 2026, el descontento ya se tradujo en sucesivas huelgas de 24 y 48 horas, paros parciales y abrazos simbólicos a las instituciones en distintas provincias.
Sin embargo, el punto de máxima tensión se vivió hace apenas unos días, con la realización de la 4° Marcha Federal Universitaria llevada a cabo a mediados de mayo (con epicentro el pasado martes 12 y miércoles 13, según las distintas convocatorias regionales). En la Ciudad de Buenos Aires, una multitud que superó las 120.000 personas colmó la Plaza de Mayo, replicándose de forma masiva en grandes centros urbanos como Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, La Plata y el norte del país.
Aquel masivo encuentro sumó el apoyo no solo de rectores, docentes y agrupaciones estudiantiles, sino de diversos sectores de la sociedad civil y sindicatos bajo una consigna unificada: exigir la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario que el Congreso sancionó, pero que actualmente se encuentra suspendida provisionalmente por la Justicia tras una presentación del Poder Ejecutivo.
QUÉ DICE EL GOBIERNO NACIONAL
Desde la vereda de la Casa Rosada, la lectura del conflicto mantiene la línea argumental que el Ejecutivo viene sosteniendo desde el año pasado.
El Gobierno de Javier Milei insiste en que las masivas movilizaciones y el endurecimiento de los paros están “fuertemente politizados” por la oposición partidaria, utilizándose la bandera de la educación pública con fines ajenos a lo estrictamente académico.
Respecto al presupuesto, los portavoces del Ejecutivo señalan que los recursos deben administrarse bajo la estricta premisa del déficit cero. Además, sostienen de forma tajante que, antes de liberar fondos de manera generalizada o convalidar los términos de la Ley de Financiamiento en la Corte Suprema, es indispensable avanzar con auditorías internas profundas en todas las casas de estudio para transparentar el uso de los recursos públicos, argumentando que las universidades nacionales deben rendir cuentas de forma minuciosa sobre cada partida ejecutada.
Con ambas posturas firmes y cerradas en sus respectivas lógicas -los gremios advirtiendo que la situación salarial es “insostenible” y el Gobierno sin mostrar intenciones de ceder ante las huelgas-, las universidades públicas se preparan para afrontar una de las semanas más complejas del ciclo lectivo.
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